Primera comunidad que desafía la nueva ley del aborto. Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en Baleares tendrán que dirigirse a un centro privado y abonar la factura, en espera de que la Administración se la reintegre. El Gobierno balear ha roto los convenios con clínicas especializadas y solo abordará en la red pública los casos urgentes o terapéuticos. En Baleares se registraron el pasado año más de 2.300 abortos. La ley de 2010 establece que las autonomías deben ofrecer esta prestación en la sanidad pública o abonar su coste "directamente".