El ajuste fiscal de Rajoy
José Luis Rodriguez Zapatero tardó seis años en dar un giro de 180 grados y hacer lo contrario de lo que siempre había prometido. Mariano Rajoy, seis días. Pero si se busca el origen de los dos giros, muy distintos en su presentación y estrategia -el presidente ha aprendido mucho de los errores que hundieron a su antecesor-, se encuentra lo mismo: los mercados y Europa.
Los 110 diputados del PSOE votarán en contra del decreto con las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno. La disputa va a estar en la justificación del Ejecutivo de Rajoy por la cual ha tenido que subir los impuestos. "Si el déficit se ha ido del 6% al 8%, que nos diga el Gobierno cuánto corresponde a la Administración del Estado; cuánto a las comunidades autónomas y cuánto a los Ayuntamientos", ha preguntado el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Buena parte de los pensionistas volverá a perder poder de compra en 2012 por segundo año consecutivo. El incumplimiento por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de su promesa electoral de no subir los impuestos conlleva también, en la práctica, el incumplimiento de otra de sus promesas: mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Junto a la congelación salarial de los funcionarios, el aumento de la jornada laboral y la reducción al mínimo de la oferta de empleo público, el decreto-ley de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) encierra otra sorpresa, negativa también para los funcionarios, que no fue anunciada el viernes por la portavoz del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
"Necesitamos financiar el crecimiento y el empleo". En su primera comparecencia como ministro de Hacienda, el pasado viernes, Cristóbal Montoro explicó así el sentido último del inesperado (por duro) ajuste fiscal que acababa de detallar. El nuevo Gobierno del PP se aplica así a lo que considera urgente antes que a lo necesario.
El sumario del 'caso Urdangarin'
Pedro Horrach, el fiscal encargado de la investigación de los supuestos negocios ilegales del instituto sin ánimo de lucro que presidía Iñaki Urdangarin, sostiene en un informe incorporado al sumario que la cifra de dinero público desviada por la trama suma 1.385.739 euros de los 2,3 que recibió de manos del Gobierno balear (es decir, un 60% del dinero se lo quedaron ellos).
Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, marido de la infanta Cristina y duque de Palma, negoció con dirigentes del Gobierno balear del PP contratos para Nóos, su instituto sin ánimo de lucro, desde el mismo Palacio de Marivent, la residencia habitual de los reyes de España durante las vacaciones de agosto.
En el sumario del caso Urdangarin quedan rastros documentales que acreditan una vinculación personal y económica del yerno del Rey con los negocios del Instituto Nóos y con su principal socio en esa entidad, Diego Torres, incluso después de que se desvinculara de esta sociedad en junio de 2006.
