¿Vuelta al 79?
En la próxima semana empezaremos a salir de dudas sobre la política que se propone poner en marcha el PP en el Gobierno. Cabe esperar que el mensaje que transmita a la sociedad española sea un mensaje claro, en la medida en que dispone de una mayoría más que suficiente para trasladar las medidas que anuncie en el discurso de investidura al BOE. Esta es, indiscutiblemente, una de las ventajas de las mayorías absolutas. Se puede seguir un plan de actuación y se puede hacer con celeridad, porque no se depende del concurso de otros grupos parlamentarios.
Mariano Rajoy ha conseguido ganar unas elecciones por mayoría absoluta sin decir qué iba a hacer una vez que fuera presidente del Gobierno, a pesar de que se daba por seguro que lo sería, y ha conseguido, una vez ganadas las elecciones, seguir sin decir prácticamente nada. Es posible que quienes se han entrevistado con él tengan algún indicio de qué se propone hacer y de por dónde piensa empezar. Pero los ciudadanos seguimos sin saber nada.
No ha ocurrido en las legislaturas anteriores. Al menos de la forma en que está ocurriendo en esta. Siempre hay una distancia entre lo que el candidato a presidente dice o no dice en campaña electoral y lo que dice y deja de no decir una vez que gana las elecciones. Pero nunca como en el final de la pasada legislatura y en el comienzo de esta hemos carecido los ciudadanos de manera tan absoluta de información sobre la dirección política del país que nos espera.
La incertidumbre acerca de la futura política gubernamental es general, salvo en un punto: la reducción del déficit. Todo lo demás está por ver, aunque es obvio que el cumplimiento del objetivo de déficit comprometido con la Unión Europea implica medidas restrictivas que todos imaginamos cuales va a ser, aunque nos podemos llevar sorpresas.
Hay un punto, sin embargo, del que no sabemos nada y que sería muy importante que empezáramos a saber algo lo más pronto posible. Me refiero a la política autonómica que piensa seguir el Gobierno. Tengo la impresión de que, de manera soterrada, está empezando a transitarse un camino de retorno a 1979, es decir, al momento en que se promovió una interpretación inicial del derecho a la autonomía en clave nacionalista, que separaba tajantemente el ejercicio de tal derecho por parte de Cataluña y País Vasco, y en menor medida de Galicia, del que podrían ejercer las demás comunidades.
La sintonía que parece empieza a existir entre el PP y CiU, que, ante la debilidad del PSC, es previsible que vaya a más, e incluso el acuerdo por primera vez en esta legislatura de PP y PNV frente al PSE en el proyecto de presupuestos del País Vasco, son indicadores de que algo se mueve en esa dirección. No me extrañaría que el discurso de que no nos podemos permitir 17 comunidades autónomas, pero tampoco nos podemos permitir no reconocer la realidad de Cataluña y País Vasco, empezara a ponerse en circulación de alguna manera.
El retorno de esta política autonómica creo que sería negativo para el país en general, pero para Andalucía sería una catástrofe. Supondría volver a situarnos en la misma posición en que ha estado Andalucía en España desde que se empezó la construcción del Estado Constitucional a comienzos del siglo XIX. Han sido los peores años de la historia de Andalucía con mucha diferencia. Todavía gravitan sobre nosotros con una enorme fuerza. Ahí están como prueba los comentarios de Duran Lleida, Ana Mato, Esperanza Aguirre, Cayetano...
Todo esto es producto de esos casi dos siglos anteriores a nuestra afirmación política a partir del 28-F. Vuelven con fuerza. No se oyeron en los años ochenta y noventa. Empiezan a oírse cada vez más.
