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Puig destituye a un mando policial por la irrupción de antidisturbios en los juzgados

Los jueces exigieron a Interior que depurase responsabilidades tras el episodio

La insólita irrupción de medio centenar de antidisturbios en la Ciudad de la Justicia se ha cobrado, un mes después, su primera víctima. Joan Mallafré, inspector de los Mossos d'Esquadra, ha dejado de ejercer como enlace entre la policía y los jueces. El Departamento de Interior le ha destituido porque no comunicó como es debido la polémica actuación policial a la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, que es la máxima responsable de esas instalaciones.

El 6 de octubre, un grupo de indignados se presentó de forma voluntaria en el edificio y se identificó ante el juez de guardia. La Audiencia Nacional les tenía en el punto de mira como presuntos autores de los actos de acoso a diputados frente al Parlament, el pasado junio, y los jóvenes quisieron evitar su detención. Mientras aguardaban una decisión en la cafetería del edificio, Mallafré los vio y alertó a sus superiores, que organizaron el dispositivo.

El cambio de Mallafré supone un ascenso en su carrera

Apenas dos minutos antes del desembarco de la Brigada Móvil, el inspector llamó al móvil a la decana -que estaba comiendo en la cafetería- para informarle de la situación y avisarle de que no se asustara cuando viera aparecer a un grupo de hombres armados y encapuchados. Los mossos detuvieron a seis indignados ante la irritación del juez de guardia, que aún no había recibido ninguna indicación de la Audiencia Nacional y no había sido informado de nada.

La actuación policial fue "innecesaria", "manifiestamente desproporcionada" y "un claro abuso en el ejercicio de la fuerza", según una resolución adoptada, cuatro días más tarde, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los jueces se sintieron agraviados, no solo por la exagerada puesta en escena en el centro del poder judicial de Barcelona, sino también por la "falta de respeto" de los mandos policiales a su autoridad. Por eso exigieron a Interior, en su acuerdo -suscrito también por el Consejo General del Poder Judicial- que se asumiesen responsabilidades. "El comportamiento de los mandos responsables de esta incalificable operación solo puede entenderse desde el más absoluto desprecio a los derechos individuales de los ciudadanos y el respeto que merecen los tribunales de justicia como garantes de estos derechos, responsabilidades estas que por su extrema gravedad deben depurarse".

El consejero Felip Puig no ha tardado ni un mes en adoptar una decisión para aplacar el enfado de los jueces y volver a la normalidad en las relaciones. Mallafré fue nombrado responsable de relaciones con la justicia en febrero de 2009, precisamente para rebajar la tensión entre los dos estamentos. En sus dos años y medio en el cargo, el inspector ha hecho entender la filosofía de trabajo de los Mossos a magistrados y fiscales. Su carácter dialogante y conciliador le han permitido limar asperezas y resolver malos entendidos, admiten distintas personas que han trabajado a su lado.

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Mallafré ya no pasea por la flamante Ciudad de la Justicia sosteniendo un iPad y vestido de forma impoluta. Desde el martes, ocupa su nuevo puesto en la sala de mando de Barcelona.

El mando policial eludió ayer dar explicaciones sobre su destitución. Interior insistió en que no guarda relación con el episodio de los indignados. "Ha hecho muy bien su trabajo en la Ciudad de la Justicia", aseguraron ayer fuentes policiales, que destacaron el ascenso que supone para el inspector su nuevo puesto: tendrá a su cargo a 60 agentes (antes tenía a 18), y coordinará la comunicación de los planes de emergencias con las policías locales de Cataluña. El cambio supone en la práctica una promoción, ya que pasa de jefe de unidad a jefe de área.

Interior dejará vacante el cargo de Mallafré en la Ciudad de la Justicia, mientras ultima la reestructuración de la Dirección General de Policía. El puesto del inspector desaparecerá del organigrama. Interior pretende aunar la relación con todos los actores de la Administración de la justicia: jueces, fiscales, abogados y procuradores.

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