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miércoles, 2 de noviembre de 2011

Mas mantiene el ritmo de multas lingüísticas que heredó del tripartito

La Generalitat ha impuesto 107 sanciones por no rotular en catalán en el primer semestre de 2011 - El Gobierno de Pujol nunca aplicó la ley

Convergència i Unió (CiU) nunca aplicó las multas previstas en la Ley de Política Lingüística en su anterior etapa de Gobierno, con Jordi Pujol al frente. Fijó las sanciones en la norma que entró en vigor en 1998, pero nunca las impuso a ningún comerciante por no rotular en catalán. El tripartito sí lo hizo, y alcanzó el récord de sanciones en 2008, con 209 multas. En su vuelta al Gobierno, CiU mantiene el ritmo de sanciones que heredó del tripartito. En el primer semestre de 2011, con los nacionalistas ya en el Ejecutivo, se impusieron 107 sanciones por no rotular en catalán, más de la mitad que en todo el año anterior: el último Gobierno cerró 2010 con 205 sanciones.

La Agencia Catalana de Consumo ha revisado 1.062 denuncias hasta junio de este año. "La cantidad de sanciones es muy baja, solo el 10%", destaca el director de la Agencia Catalana de Consumo, Alfons Conesa. En Cataluña, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay más de 78.000 comercios.

Todos están obligados a cumplir la Ley de Política Lingüística que establece que la rotulación de los establecimientos debe estar, al menos, en catalán. Cuando se decidió a imponer las primeras multas, el tripartito estableció que se darían facilidades para que los comerciantes inspeccionados cambiaran el cartel: "Si hay voluntad de rotular en catalán, no hay sanción", resumía el anterior director de la agencia, Jordi Anguera. Conesa apuesta por seguir en esta línea: "No queremos sancionar y recaudar. Solo queremos que la ley se cumpla", defiende. El actual director de la Agencia Catalana de Consumo lo tiene claro: solo se multa a los comerciantes que no quieren cambiar sus rótulos. "Es una cuestión de voluntad. Cuando hay una inspección, se señalan las deficiencias y se da un mes para solucionarlas. Si se arregla, el expediente se archiva", remarca Conesa, que prefiere no evaluar la pasividad de CiU con las multas en su anterior etapa de Gobierno.Pese a que la atención de los partidos políticos contrarios a las multas lingüísticas -PP y Ciutadans- se centra en la protección del catalán, la Generalitat también protege el castellano, según marca la legislación vigente. Aunque el incumplimiento en este campo es mucho menor: el Gobierno catalán multó en 2010 -los últimos datos de los que dispone la Agencia Catalana de Consumo-, a nueve empresas por no etiquetar en castellano, un número reducido tras haber sancionado en 2009 a 94 firmas por ese motivo. Estas multas, que como sanciones leves pueden alcanzar los 10.000 euros, cumplen con las 120 normas que obligan a etiquetar los productos, al menos, en castellano. Conesa explica el descenso: "Afectan a las empresas que importan alimentos, y cada vez conocen más las normas". Hay una única excepción en las reglas de etiquetaje: los alimentos tradicionales, que pueden estar etiquetados solo en catalán. Al tratarse de productos con denominación de origen, la Generalitat no ha multado a ninguna empresa por saltarse este precepto.

Las multas por no etiquetar en castellano son muy pocas en comparación a las que sirven para proteger el catalán. A esa diferencia ayuda, según Alfons Conesa, el mayor conocimiento a la ley del etiquetaje (es obligatorio en toda la UE que la información esté al menos en el idioma oficial de cada país) y el celo de los ciudadanos que detectan los comercios que no tienen sus carteles en catalán. La mayoría de expedientes que se imponen por los carteles llegan tras una denuncia, mientras que todas las multas por las etiquetas que llevan los productos se producen tras inspecciones rutinarias.

La Generalitat ya ha superado las 1.000 multas lingüísticas por no rotular en catalán desde que empezaron las denuncias. Desde 2003 a 2010 se impusieron 973 sanciones y se recaudó un millón de euros, según los datos de la Agencia Catalana de Consumo. Las sanciones suelen rondar los 600 euros, aunque esta cifra puede aumentar en función del incumplimiento.

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