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COLUMNA

¿Servirán las reformas estructurales?

La situación económica que heredará el partido que gane las próximas elecciones será muy complicada. España sufre una crisis con tres vertientes interrelacionadas entre sí, cada una complicando y agravando las demás: una crisis financiera, derivada de la nunca digerida burbuja inmobiliaria; una crisis fiscal en la que el Estado y las regiones, que adaptaron sus gastos a los ingresos de la burbuja, no pueden ahora hacer frente a estos, y una crisis de competitividad y crecimiento, con una combinación letal de una persistente inflación y una productividad que no ha crecido en los 15 años del boom.

Para luchar con esta crisis no nos van a servir las políticas de demanda. Lo que para Reino Unido o EE UU es una opción -embarcarse en políticas fiscales y monetarias expansivas-, para nosotros no lo es. Quizá de manera injusta, los mercados de deuda y nuestros socios europeos consideran que España ha llegado al límite. No nos queda, por tanto, más remedio que cumplir el objetivo de déficit acordado con la Unión Europea y proceder a una consolidación fiscal. La política monetaria va a seguir siendo desgraciadamente más restrictiva de lo que querríamos, porque es lo que piden las condiciones en el corazón del euro. La solución habitual de otras crisis españolas, la devaluación de la peseta para exportar más e importar menos, no es factible.

La terapia es dura y tendrá efectos secundarios, pero saldremos de esta

Por ello, como argumentamos seis economistas (Bentolila, Cabrales, Fernández-Villaverde, Santos, Rubio y yo) en el libro Nada es gratis: cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa, firmado con el nombre colectivo Jorge Juan y publicado recientemente por Destino, la única alternativa posible es hacer políticas de oferta: reformas estructurales que incrementen la tasa de crecimiento económico a medio y largo plazo. La economía española sufre, como documentamos en el libro, de innumerables ataduras que, al eliminarse, pueden permitirle dar un salto importante. Quizá el caso más sangrante es la dualidad del mercado de trabajo y la disfuncional estructura de la negociación colectiva (con aumentos de los salarios reales de convenio del 3%), que explican las elevadísimas tasas de desempleo que experimentamos en cada crisis.

Muchos creen que las reformas estructurales no pueden servir para mejorar el crecimiento económico a corto plazo. No es cierto. Primero, porque una mejor perspectiva de crecimiento en el futuro incrementará el deseo de las familias y de las empresas que pueden hacerlo de comenzar a consumir e invertir con más confianza. Segundo, porque, bien hecho, un programa de reformas estructurales puede contribuir a tirar directamente de la demanda.

Consideren el siguiente escenario. El Gobierno entrante anuncia un paquete de reformas que incluye una reforma en profundidad del perverso marco jurídico laboral. Entre las medidas anunciadas, un contrato único que elimine la perniciosa dualidad y dé esperanzas a los jóvenes, y la descentralización completa de la negociación colectiva, que permita a las empresas y trabajadores adaptar las condiciones de trabajo a su situación particular. Además, tal reforma viene acompañada de reformas sustanciales en los servicios profesionales (donde España tiene alrededor de un millón de empleos menos de los que nos corresponden, de acuerdo con el reciente informe de FEDEA-McKinsey en el que participé), de los servicios locales (donde hay también un enorme potencial de creación de empleo) y del mercado de alquiler para movilizar y poner al alcance de todos las más de un millón de viviendas sin vender. Este paquete de reformas llevaría a un inmediato aumento de la demanda de trabajo, que incidiría de inmediato sobre el paro y que con suerte pondría en marcha un círculo virtuoso de mayor crecimiento, menor endeudamiento, mayor confianza y mayor crecimiento.

La clave es que las reformas se hagan con justicia, claridad y decisión, de modo que los ciudadanos en ningún momento tengan la sensación de que "siempre pagan los mismos". Al revés, los costes deben ser incurridos por todos, y se debe explicar todas las veces que sea posible que los beneficiarios deben ser los que no pueden permitirse una casa, los excluidos del mercado de trabajo, los que rotan siempre entre contratos temporales y los desempleados. Los indignados, en otras palabras.

El peligro es que a la primera huelga salvaje del metro, de controladores o de cualquiera de los otros colectivos hiper-protegidos de nuestro país, el nuevo Gobierno titubee y se eche para atrás. No hay lugar para esto. En nuestra breve democracia hemos tenido tres ejemplos de gobernantes que llegaron al poder con una situación muy delicada y tuvieron las agallas, incluso jugándose la vida, para hacer lo necesario: Adolfo Suárez, con la reforma política; Felipe González, con la reconversión industrial, y José María Aznar, con la entrada en el euro. Los españoles no somos los griegos ni los italianos. Si se nos explica lo que está pasando y lo que hace falta hacer, seremos capaces de entenderlo.

Es difícil exagerar lo crucial del momento. Si las cosas se hacen bien, España tiene un acervo de infraestructuras, de capital humano, de ilusión y ganas que pueden sacarnos de la crisis y devolvernos al lugar donde nos corresponde en Europa. Somos los primeros en deportes, ¿por qué no en innovación?

Pero si no se hacen las reformas, la situación puede convertirse rápidamente en desesperada. Tenemos un desempleo elevadísimo que seguramente crecerá sustancialmente si solo se hace la (desgraciadamente inevitable) consolidación fiscal. Tenemos algunas antiguas cajas, ahora fusionadas, que no pueden financiarse y que pueden arrastrar a los contribuyentes a su bancarrota. Tenemos los restos del naufragio de una gigantesca burbuja inmobiliaria sin digerir, con centenares de miles de casas vacías. Y tenemos un problema de competitividad que nos lleva a necesitar financiación exterior para sobrevivir.

Para el Gobierno que entre, es ahora o nunca. Durante la campaña, los dos partidos pueden hacer un enorme servicio a la sociedad explicándole con claridad lo grave de la situación y lo necesario de las medidas estructurales. No es momento de frivolidades. Los ciudadanos debemos saber lo que nos espera: España tiene una enfermedad grave. La terapia es dura y tendrá efectos secundarios, pero saldremos de esta. Sin duda.

Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics y director de la cátedra McKinsey de FEDEA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de octubre de 2011