Hoja de ruta para la supervivencia del euro
La moneda única nació incompleta. Mientras que sus pilares monetarios eran robustos, su coordinación fiscal era débil, su regulación financiera carecía de la dimensión paneuropea necesaria, su papel en el mundo no estaba definido y no tenía ni un sistema claro y ágil de toma de decisiones, ni un mecanismo de resolución de crisis, ni un fondo de rescate para países o instituciones financieras con problemas de liquidez. Pero como era un proyecto político, estas deficiencias económicas se pasaron por alto.
Como tantas otras veces en la historia de la integración europea, sus creadores adoptaron un enfoque funcionalista: pensaron que una vez creada la moneda única se darían los pasos necesarios para mejorar y completar su gobernanza. En cierta forma tenían razón. La crisis financiera global que estalló en 2008 y la actual crisis de la deuda que está atravesando la zona euro están obligando a avanzar en su gobernanza. Sin embargo, la gravedad de la situación obliga a poner parches para enfrentar los problemas más urgentes, lo que no permite un debate sosegado sobre todas las piezas que deben ser reformadas para que el edificio del euro no se venga abajo.
Es preciso un control estricto, centralizado y sancionador sobre los presupuestos nacionales
El marco político y legal para gobernar la moneda única es insuficiente
Lo más acuciante sigue pasando por romper el círculo infernal que hace que las deudas pública y bancaria europeas se retroalimenten, lo que exige dar una solución definitiva al problema de Grecia, frenar el contagio que el default griego tendrá en otros países y recapitalizar la banca (que sufrirá cuantiosas pérdidas cuando la quita griega se materialice). Los recientes acuerdos del Consejo Europeo van en esta dirección y permitirán ganar tiempo, pero no servirán para estabilizar definitivamente los mercados. Las soluciones técnicas sobre la ampliación del fondo de rescate a través del apalancamiento o el uso de sus recursos para asegurar parte de la deuda que emitan países como Italia o España difícilmente podrán resolver el problema político que hay sobre la mesa, que consiste en dirimir si la zona euro camina hacia una unión fiscal o no, así como definir el papel que debe jugar el Banco Central Europeo, que hoy por hoy no actúa consistentemente como prestamista de último recurso.
Sea cual sea el desenlace final de esta tragedia griega, asegurar el futuro del euro pasa por cambios profundos en su sistema de gobernanza económica. Ya se ha aprobado un conjunto de normas que mejoran la supervisión fiscal y refuerzan la regulación financiera. Pero como no se confía demasiado en que esas medidas vayan a ser suficientes, se ha comenzado a plantear que a más a largo plazo será necesario lanzar un nuevo proceso de reforma de los tratados.
Por tanto, apenas dos años después de culminado el larguísimo y semifallido proceso constitucional europeo, se volverá a abrir la caja de Pandora del derecho originario. La razón es simple: el actual marco político y legal para gobernar euro es insuficiente. Es incapaz de disciplinar efectivamente a los países en términos fiscales, resulta lento y reactivo cuando aparecen problemas y no contribuye a aportar la credibilidad necesaria a la moneda única ante los mercados internacionales y el resto del mundo.
La reforma que se empieza a perfilar deberá abordar tanto elementos institucionales como sustantivos. Empezando por el proceso de toma de decisiones, dos serían los elementos a considerar. Primero, la institucionalización de un Consejo de jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro que se reuniría al menos dos veces al año y que amenaza con reducir la importancia del Consejo Europeo y, por tanto, de todos los Estados miembros que no quieren o no pueden entrar en la moneda única, algo que despierta recelos desde Reino Unido hasta Polonia. Segundo, se pretende crear un Ministro Europeo de Economía y Finanzas que, a la manera de la Alta Representante Catherine Ashton en el ámbito de la política exterior, estuviera conectado a la vez a la Comisión y a los Estados miembros. Es decir, por un lado, podría ser un supercomisario de asuntos económicos, monetarios, presupuestarios y tributarios y, por el otro, presidiría el órgano intergubernamental que, en este caso, no sería tanto el Consejo a 27 como el Eurogrupo, que reúne a los ministros de Economía y Hacienda de los 17 países que comparten la moneda única. Además, sería la voz del euro en el G-20, el FMI y otros foros internacionales.
Estos dos órganos de decisión -cumbres a 17 y ministro europeo- tendrían amplia capacidad sustantiva. Por un lado, articularían un control estricto, centralizado y sancionador sobre los presupuestos nacionales, los sistemas financieros y quizás otros elementos clave del sistema económico (impuestos, pensiones, mercado de trabajo y reformas estructurales) de la zona euro. Por el otro, y siempre y cuando Alemania aceptara la creación de eurobonos a cambio de que los países periféricos alemanicen sus economías (asumiendo una mayor austeridad, pérdida de soberanía y modificaciones constitucionales), sería necesario crear un Tesoro y un Fondo Monetario Europeo que resuelva las carencias del actual fondo de estabilidad. También parece claro que emergería una suerte de federalismo bancario europeo, con un sistema financiero sometido a supervisión única.
Si a medio y largo plazo la crisis del euro da lugar a una profunda reforma de los tratados en la dirección apuntada, los europeístas verían la crisis económica y financiera como la oportunidad federalizante que estaban esperando, como el final feliz de un periodo amargo que ha puesto en peligro a la misma Unión. Pero dichos cambios irían más allá de lo económico. Esta mayor integración europea podría resultar poco seductora y atractiva para la ciudadanía europea por varias razones. Primero, por ser escasamente democrática y transparente. Segundo, por representar una tendencia ideológica determinada que coloca la austeridad fiscal, el ajuste salarial y los recortes sociales (siempre en aras de una mayor competitividad) como valores supremos, renunciando a utilizar la política fiscal de forma discrecional. Tercero, por abrir la puerta a que la nueva Europa suponga una erosión de las instituciones supranacionales (en especial, del Parlamento Europeo) en favor de simples foros intergubernamentales liderados abiertamente por el directorio del eje francoalemán.
Por tanto, sería tal vez más Europa, pero también una Europa de austeridad autoritaria que podría resultar inquietante para muchos. Es posible que se haya llegado a un punto tal en la crisis, a un estado de emergencia tan grave, que ya haya germinado esa futura realidad constitucional de la Unión Europea. De ser así, de los dos objetivos teóricos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se habría puesto todo en el énfasis en el primero, lo que podría condenar a la Unión a años de estancamiento y ser una bomba de relojería para la cohesión social a largo plazo.
Ignacio Molina y Federico Steinberg son investigadores del Real Instituto Elcano y profesores de la Universidad Autónoma de Madrid.
