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Conde Roa recalifica una finca para cambiar un geriátrico por pisos

El alcalde aparta a tres funcionarios que debían informar sobre el cambio de uso

La recalificación del suelo fue la solución que presentó el pasado viernes el alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, para desbloquear un conflicto de 10 años entre la promotora Layetana y el ayuntamiento por la urbanización de la Finca do Espiño, un espacio de 25.000 metros cuadrados junto a la casa oficial del presidente de la Xunta. De un edificio residencial y público para ancianos, que es lo que debía construir Layetana, según un convenio firmado en 2001 con el Ayuntamiento, pasará a pisos privados previo paso de un cambio de uso del suelo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sin embargo, decidió en febrero que tal conflicto no existe en una sentencia que da la razón al anterior gobierno, que se negaba a permitir pisos privados. "Es un pelotazo puro y duro", definió ayer el concejal socialista Xosé Sánchez Bugallo. El exalcalde denunció que Conde Roa está dando a la empresa en un despacho "lo que perdió en los juzgados" con unas plusvalías añadidas por la venta de pisos que valoró entre tres y seis millones de euros.

Bugallo afirma que la operación "desprende un tufo a corrupción"

El conflicto entre empresa y Ayuntamiento se produjo cuando el anterior gobierno local (PSOE-BNG) se negó a conceder la licencia de construcción porque el geriátrico no cumplía con el requisito de edificio público. La promotora rehusó entregar los más de dos millones con los que el Ayuntamiento pretendía rehabilitar un pazo situado en la misma finca y 18.000 metros cuadrados de bosque que se iban a abrir al público. El asunto terminó en el TSXG, que en febrero cerró definitivamente el asunto desestimando un recurso de Layetana. Por ello, Bugallo afirmó ayer que la firma del convenio es "un burdo intento de engaño" en el que se mintió dos veces: primero sobre la cesión de un terreno "que ya es de titularidad municipal" y después sobre la retirada de los contenciosos -como prometió el consejero delegado de Layetana el pasado viernes- que ya "no hay porque el TSXG ya decidió". Según Bugallo, la sentencia obliga también a pagar los dos millones para la rehabilitar el pazo y el bosque. Conde Roa sostiene que la sentencia se limita a valorar las interpretaciones de uso residencial.

Para el exalcalde, sin embargo, la operación "desprende un intolerable tufo a corrupción" y anunció que si no se paraliza o se reconduce acudirá a la fiscalía anticorrupción. Bugallo relacionó también el cese el pasado viernes de los tres jefes del área de municipal urbanismo con este convenio, del que dijo no cuenta ningún informe de ese departamento. "Por eso hubo que sustituir la palabra convenio por un protocolo de intenciones", aseguró. El alcalde rechazó que hubiese un nexo entre los dos hechos: "Pensar que el equipo de urbanismo iba a seguir al frente me parece de una ingenuidad que ni Bugallo se la cree. Hemos buscado tranquilamente funcionarios tan respetables como los que están ahora. Al mismo tiempo abrimos negociaciones con Layetana. En el fondo hay celillos. Estas maneras son propias de quien ha perdido por completo el norte".

Conde Roa seguirá adelante con un convenio de "24 millones que se van a invertir en la ciudad" -la promotora se compromete a contar con empresas locales- y animó a Bugallo a pedir una investigación si cree que se ha cometido un delito. "Con la crisis que existe pensar, pensar que alguien pueda venir a hacer operaciones especulativas es no enterarse de nada", concluyó.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de octubre de 2011