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Conflicto educativo por los recortes

Aguirre intenta frenar la 'marea verde' atacando su símbolo

El PP de Madrid presenta una denuncia ante la Agencia Tributaria contra quienes apoyan a los profesores con la venta de camisetas reivindicativas

En mitad de la tormenta educativa que suma ya cinco huelgas, el PP de Madrid convocó ayer a los periodistas en la Agencia Tributaria. Presentaron una denuncia por un posible fraude contra tres asociaciones que venden en sus sedes las camisetas verdes símbolo de las protestas. Los populares piden "la apertura de un expediente sancionador" y la posible remisión a los tribunales del caso porque las denunciadas no pagan IVA ni impuesto de sociedades.

Dos expertos valoraron ayer que, como máximo, esa venta podría suponer una falta administrativa (castigada con un pago con recargo del 5% al 20%), pero en ningún caso delito ni la retirada de las subvenciones públicas reclamada por los populares. El presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid y consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, citó a los medios en la puerta de la agencia. Posó para los fotógrafos pero solo entregó la primera página resumen de un informe de 60. El PP declinó facilitar la denuncia completa. Las entidades aludidas, los sindicatos y la asociación mayoritaria de directores han tildado esta actuación de "cortina de humo" o "matonismo político".

Tres entidades -la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos y la asociación de vecinos de Palomeras Bajas- "comercializan" desde el verano "al por mayor y en monopolio" la distribución y venta de las camisetas verdes, según el resumen. El texto deja en el aire cuestiones que tampoco aclaró posteriormente el PP a preguntas de este periódico. No especifica qué personas aparecen y en calidad de qué son denunciados. La semana pasada, cuando el PP anunció una denuncia ante la agencia y en "los tribunales", aludió a que están implicadas "candidatas de IU" en la lista municipal.

Los populares actuaron después de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, hablara del "negociazo" de las camisetas en el pleno de la Asamblea de Madrid. La consejera de Educación, Lucía Figar, señaló también en el Parlamento: "Lo que no saben los profesores que compran las camisetas es que hay algunos forrándose". Aguirre reiteró ayer que no se sentará a negociar con los sindicatos una posible solución al conflicto en los institutos.

El PP reclama "en su caso" una "sanción accesoria" a los denunciados para que no puedan obtener subvenciones públicas. El secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, y el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense, Javier Martín, consideran que no procede esta sanción "referida exclusivamente a casos muy importantes relacionados generalmente con los delitos fiscales".

La Ley General Tributaria establece la retirada de subvenciones en caso de multa "por infracción grave o muy grave de importe igual o superior a 30.000 euros". El portavoz de Gestha considera que se trata de una denuncia "muy vaga" que no aporta "información tributaria relevante". A su juicio, la venta de camisetas reivindicativas "no se considera actividad económica en el IVA, y en el caso del impuesto de sociedades entraría dentro de las actividades que se declaran parcialmente exentas". Y, aunque la Agencia Tributaria estimara lo contrario, las asociaciones denunciadas están en plazo para pagar ambos tributos, según el portavoz de Gestha.

Tampoco aclara el PP si existen similitudes con la venta de papeletas para un viaje de fin de curso o de llaveros a los que tiene acceso cualquier consumidor en una convención política. Preguntado sobre si se podría reclamar el IVA a una peña que vende camisetas, Salvador Victoria justificó que esta se limita a "socios" y que, en el caso de la marea verde, se da "un volumen de facturación muy importante" que el PP cifra en "un mínimo" de 51.000 euros. El resumen del PP tampoco señala a qué se refiere con "al por mayor y en monopolio". La denuncia "no es exacta al utilizar estos términos", según Mollinedo, porque "no se trata de una venta de mayoristas a tiendas y tampoco cabe hablar de monopolio, ya que el Gobierno no ha concedido a las asociaciones la venta en ese régimen".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de octubre de 2011