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jueves, 29 de septiembre de 2011
Análisis:ANÁLISIS | Vida & Artes

Derechos vulnerados

ALBERT PARÉS 29 SEP 2011

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La situación de los menores inmigrantes es conocida: acreditan con pasaportes -emitidos muchas veces por sus embajadas situadas en Madrid- su minoría de edad, pero las autoridades no aceptan los documentos como válidos. Se somete entonces a los inmigrantes a pruebas médicas para determinar su edad. Pero no son pruebas exactas, y el problema es que no se tiene en cuenta su indudable margen de error para favorecer al menor. Tampoco se toma en consideración que no existen pruebas estadísticas de este tipo con población subsahariana sino que se usan como referencia modelos basados en población de raza blanca y americana. Estos extranjeros, además, no son asistidos por ningún abogado, contraviniendo lo que establece la Ley de Protección Jurídica del Menor.

Cuando estas cuestiones llegan a los tribunales, los jueces no suelen fallar a favor de la minoría de edad salvo en contadas ocasiones. Las sentencias desfavorables descansan por lo general en el argumento de que las pruebas médicas han establecido la mayoría de edad "sin ningún tipo de duda". Y los magistrados señalan que el médico forense ya ha tenido en cuenta el margen de error al emitir su informe. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. Los médicos forenses, en los juicios, hacen afirmaciones tan dispares como que "no existe margen de error"; que este es del 3%; que es del 10%; o que no puede establecerse margen de error alguno porque no hay pruebas estadísticas en población de origen subsahariano. Frases como estas las he escuchado yo en la sala de vistas. ¿Cuál es entonces la verdad sobre las pruebas médicas si cada médico hace una declaración distinta en un juicio? ¿A qué pueden atenerse los menores?

Los jueces de lo civil, por otro lado, tienden a creer que los pasaportes son falsos aunque hayan sido emitidos por las embajadas de sus países de origen en Madrid. La situación tiene que cambiar de alguna forma para que los derechos de los menores no sean vulnerados en virtud de pruebas inexactas. Las comunidades autónomas y la fiscalía deben garantizarlo y actuar en beneficio del menor independientemente de su origen y deben establecerse protocolos iguales para todos que palien las deficiencias actuales y garanticen una esencial seguridad jurídica.

Albert Parés es abogado.

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