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Artur Mas / CONSUELO BAUTISTA
Agobiado por las protestas contra los recortes sociales que se suceden día sí día también en Cataluña, Artur Mas buscó un respiro ayer en el Parlamento catalán al declararse partidario de la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, una tasa que defendió sin concreción alguna y sin comprometerse a instaurarla.
Cuesta de septiembre con apuros para la Generalitat, que a su vez repercute los problemas financieros a las empresas a las que contrata servicios y que atienden a unas 142.000 personas. El Gobierno catalán que dirige Artur Mas (CiU) ha congelado pagos a hospitales, residencias geriátricas, de discapacitados y drogodependientes ante una tesorería acuciada por la falta de liquidez.
Han pasado los cien días de rigor de los nuevos Gobiernos autónomos, que se formaron tras las elecciones del pasado 22 de mayo, y el PSOE, allí donde pasó a la oposición, va a hacer balance negativo de esta etapa, para ponerlo a disposición del candidato a la presidencia del Gobierno de España por su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Cada vez está más claro que Mariano Rajoy no tiene la cabeza puesta en la campaña electoral. Él está ya, según todo su entorno, pensando en el Gobierno y en las difíciles decisiones que va a tomar en los primeros meses, lo que le acarreará, asumen en su equipo, fuertes protestas sociales.
Ante los tres poderes del Estado y en una ceremonia que duró apenas cinco minutos, el rey Juan Carlos sancionó ayer en La Zarzuela la segunda reforma de la Constitución, que modifica el artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas.
La izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba -integrantes de Bildu- más Aralar presentaron ayer su gran alianza electoral, que concurrirá a los comicios del 20-N bajo el nombre de Amaiur para "reivindicar los derechos de Euskal Herria como nación".
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, seguirá de momento "en prisión incondicional". La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justica de Madrid entiende que "persiste el riesgo de fuga" y que su situación debe ser la de "prisión incondicional sin fianza".
La policía detuvo ayer al anterior alcalde de Ronda (Málaga, 37.000 habitantes), Antonio María Marín Lara, del PSOE, y a otros tres concejales del equipo que gobernó la ciudad desde septiembre de 2004 hasta las pasadas elecciones del 22 de mayo por un nuevo caso de corrupción urbanística.
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