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martes, 27 de septiembre de 2011

El Gobierno evita 259 desahucios

La oficina que puso en marcha el tripartito ha recibido 700 peticiones de mediación

Desde su puesta en marcha hace dos años, la Ofideute, un servicio de la Generalitat dirigido a personas que no pueden pagar su hipoteca, ha conseguido evitar 259 desahucios, según sus responsables. La oficina, que ofrece mediación entre propietarios con problemas y la banca, ha recibido desde finales de 2009 -cuando la puso en marcha el Gobierno tripartito- un total de 700 peticiones de personas que no podían pagar los préstamos de su vivienda. En el 37% de los casos la mediación de la Administración con los bancos ha evitado el desahucio.

La solución alcanzada tras la negociación no ha sido siempre la misma: en algunas ocasiones el banco ha aceptado la dación en pago (se ha quedado con el piso, a cambio de saldar la deuda, y no solo del 50% de la hipoteca como ocurre habitualmente). En otros casos, ha aceptado una moratoria en el pago de las cuotas o una rebaja de las mensualidades hasta que las familias puedan pagar.

La Ofideute atiende a cualquier persona que no pueda pagar las cuotas de la hipoteca, siempre que sea la de la vivienda habitual. La oficina ofrece asesoramiento legal y un servicio de mediación con la entidad bancaria. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en España se producen 150 desahucios al día. Solo de enero a marzo de este año, un total de 15.491 personas han sido expulsadas de su casa por no poder pagar, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La Generalitat, a través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, está a punto de cerrar convenios de colaboración con varias entidades bancarias para evitar más desahucios, según explican fuentes de la Administración.

Una de las personas que han logrado librarse de la deuda hipotecaria gracias a la Ofideute es Sandra Lascano. De origen ecuatoriano, vive en Barberà del Vallès (Vallès Occidental) y explica que las gestiones de la oficina de la Generalitat hicieron en su caso que la entidad aceptara la dación en pago. Sin deuda, pero también sin casa, ahora está pendiente de que el Ayuntamiento de Barberà le adjudique una vivienda social. Mientras, vive con su marido, que está enfermo, y sus dos hijas, una de ellas también enferma, en una habitación por la que paga 250 euros de alquiler.

Para atender casos de urgencia, como el de Lascano, la Generalitat anunció ayer que hasta el mes de abril sorteará, para que sean alquilados, 3.264 pisos públicos que están vacíos. Los actuales responsables de Vivienda, con el consejero de Territorio, Lluís Recoder, y el secretario de Vivienda, Carles Sala, al frente, criticaron duramente la gestión del anterior Gobierno catalán. Hablaron de falta de planificación (se construyeron edificios de pisos donde no había demanda) y de "oferta excesiva" y falta de diálogo con los Ayuntamientos. Recoder aseguró que el tripartito cuantificó en su informe de gestión un total de 1.552 pisos vacíos, pero el actual Ejecutivo eleva la cifra a 3.264, más del doble. De estos, 1.534 están en el área de Barcelona, 480 en la Cataluña central, 460 en Girona, 236 en Lleida, 278 en Tarragona, 210 en las comarcas del Ebro y 66 en el Pirineo. Además, la Generalitat calcula que hay un total de 86 pisos públicos ocupados ilegalmente (37 en la ciudad de Barcelona).

El desfase de cifras entre los dos Gobiernos, según explicaron ayer a este diario altos cargos del anterior equipo, se debe a que el actual Gobierno ha contado como vacíos pisos los que están en obras o pendientes de adjudicar o entregar. Además, subrayaron, la Administración ha afrontado el mismo problema que los promotores privados: la falta de crédito impide a los adjudicatarios subrogar las hipotecas.

Para dar salida a los pisos públicos, la Agencia de Vivienda emprenderá un plan de choque para asignarlos antes del próximo mes de abril. Si ya eran pisos de alquiler (1.990 del total de los vacíos), se bajará el precio. Si están en promociones de pisos en venta (1.274 pisos, muchos de los cuales no se adjudican porque el precio que marcan los módulos de protección oficial ha quedado actualmente por encima del precio de la vivienda libre), se recalificarán como pisos de alquiler con opción a compra.

Las rebajas en el precio serán notables. La presentación del plan, por ejemplo, se desarrolló en un piso del Raval que se encontraba vacío pese a su alquiler, de 265 euros. Recoder explicó que lo han rebajado a 100 euros mensuales, gastos incluidos. "El Incasol tiene 900 millones de euros de deuda y paga cada mes las hipotecas, alguien lo ha llevado a la ruina

[en referencia al anterior Gobierno] y preferimos alquilar 20 pisos a 100 euros a no poder alquilar un piso por 1.000. Además, cubrimos las necesidades de alojamiento de una familia".

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