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Polémica reforma de la Constitución
Columna
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Contra toda lógica

¿Por qué se hace ahora, a toda velocidad, en los meses finales de una legislatura y una vez que ya se ha fijado la fecha de las próximas elecciones generales, una reforma de la Constitución que va a entrar en vigor en 2020? Ningún partido llevó en su programa electoral la reforma de la Constitución que ahora se va a aprobar. ¿No hubiera sido más lógico que se debatiera la conveniencia de una reforma constitucional de este tipo en la campaña electoral del 20-N con base en las propuestas de los diferentes partidos y que fueran las nuevas Cortes Generales las que procedieran a hacer la reforma con la legitimación que le habrían dado para ello los ciudadanos en las urnas? ¿No se habría evitado con ello la acusación de que se está rompiendo el pacto constitucional? ¿No habría tenido más sentido que tanto en la campaña electoral como en el debate parlamentario de la reforma se examinara la conveniencia o no de someter dicha reforma, en el caso de ser aprobada, a referéndum?

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Las preguntas pueden multiplicarse. Y todas las respuestas son catastróficas para el Gobierno y para su partido de cara a la próxima convocatoria electoral y aún más allá. Desde que tuvo que rectificar la política que había seguido para hacer frente a la crisis en mayo de 2010 y empezar con las durísimas medidas de ajuste que sucesivamente se han ido aprobando, el Gobierno ha contado básicamente con los partidos nacionalistas para conseguir su aprobación, ya que el PP ha estado en contra de todas ellas. En este final de legislatura se pacta la última medida de ajuste con el PP desairando a los partidos nacionalistas que, como no puede ser de otra manera, están reaccionando con el resentimiento natural en estas circunstancias, llegando a acusar al Gobierno de la ruptura del pacto constitucional.

Y además, con la reforma se consigue la movilización de los sindicatos, de los indignados del 15-M y de líderes de opinión de izquierda, que se están expresando a través de todos los medios de comunicación social. La contraportada de ayer de Juan José Millás en este diario, Otoño caliente, lo dice todo.

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¿Por qué tira el Gobierno piedras contra su propio tejado? ¿Por qué boicotea objetivamente la campaña electoral del candidato socialista a las próximas elecciones? ¿Por qué no deja que sea el Gobierno que se constituya después del 20-N el que promueva la reforma de la Constitución?

Nadie en el interior del partido socialista puede llamarse a engaño. La reforma de la Constitución está provocando en la sociedad española la reacción que se sabía que iba a provocar. Está fracturando las posiciones de izquierda y cohesionando las de derechas. Y generando resentimientos en los partidos nacionalistas, con los que va a ser mucho más difícil cualquier tipo de entendimiento en el futuro.

Estoy de acuerdo con la reforma. No se puede pretender formar parte de un club en el que los demás miembros tienen dudas razonables acerca de tu solvencia. Eso es lo que está pasando en la Unión Europea desde que estalló la crisis. La incorporación al euro se hizo mediante el sistema de aprobado general y ya se sabe lo que son los aprobados generales. Las dudas sobre la solvencia de distintos miembros del club se han convertido en algo más que dudas respecto de varios de ellos y se mantienen respecto de otros, entre los que se encuentra España. La supervivencia del club exige que las dudas desaparezcan. No se puede vivir con sospechas permanentes sobre la solvencia de algunos de los miembros del club. La incorporación a la Constitución de la regla de equilibrio presupuestario y del techo de déficit es la respuesta de más credibilidad de que se dispone. En este momento diría que es la única respuesta con credibilidad.

Tal como estaba el patio, estoy convencido de que en la campaña electoral se hubiera entrado en el debate de la reforma de la Constitución y que las Cortes Generales que se constituyeran después del 20-N no habrían podido aprobar la reforma que ahora se va a hacer. Ningún partido iba a llevar la reforma de la Constitución que se está aprobando en estos mismos días en su programa y ningún Gobierno, fuera del color que fuera y tuviera la mayoría que tuviera, podría empezar la legislatura proponiendo esta reforma de la Constitución.

O se hacía ahora o simplemente no se podría hacer. La intervención no es una opción que un país como España se pueda permitir. Un Gobierno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para evitar que eso pueda suceder. Tenga el coste que tenga para él y para el partido que lo sustenta. Y tanto si está fijada la fecha de las elecciones como si no. El 20-N está a la vuelta de la esquina, pero la vida sigue después del 20-N.

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