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Se acaba el tiempo para el Guadalquivir

La encomienda de gestión caduca en octubre - Las organizaciones agrarias apremian a Gobierno y Junta para que den una salida que evite el vacío de competencias

El tiempo se acaba para el Guadalquivir. Solo quedan seis semanas para que venza la encomienda de gestión del río, la solución temporal acordada entre el Gobierno central y la Junta para eludir el caos que se podría haber desatado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en marzo el traspaso de competencias a Andalucía de las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad.

La encomienda fue un parche acordado entre las dos Administraciones a finales de marzo para ganar tiempo y cerrar la solución definitiva a este problema, generado al transcurrir las aguas de la cuenca de este río no solo por Andalucía, sino por tres comunidades más. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, descartó en junio prorrogar la encomienda.

Mar Moreno descartó en junio prorrogar la encomienda

Los agricultores están divididos sobre quién debe tener la gestión

La Junta baraja que el Estado asuma el tramo final desde Alcalá del Río

El Ejecutivo regional cree que su solución contentaría a los regantes

La organización agraria Coag esta semana ha vuelto a instar a la Junta y al Gobierno a que "aceleren al máximo las negociaciones para tener el acuerdo de gestión de este río lo antes posible". Coag defiende que "la gestión del Guadalquivir debe llevarse a cabo desde Andalucía", aunque cree necesaria la creación de "un organismo estatal que controle y supervise esta gestión". Este organismo podría ser una hipotética agencia estatal intercomunitaria, que permitiría la participación en los órganos de gestión a Andalucía y al resto de comunidades por cuyo territorio discurre la cuenca del Guadalquivir. Esta opción, que llegó a plantearla el PSOE federal antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, la defiende también UPA, otra de las organizaciones agrarias.

Sin embargo, los agricultores están divididos en este asunto. Asociaciones de regantes como Feragua o uniones de agricultores como Asaja o la Federación de Arroceros de Sevilla han reclamado ya "la devolución inmediata al Estado de las competencias de gestión sobre el Guadalquivir". Entienden que la sentencia del Tribunal Constitucional no deja otra salida para mantener la unidad en la gestión de la cuenca.

Mientras la presión de los agricultores continúa, el Gobierno andaluz ha manejado distintas opciones para la solución definitiva. La que ha cobrado más fuerza en las últimas semanas es la de plantear que el Estado mantenga la gestión del Guadalquivir desde su desembocadura hasta la presa de Alcalá del Río (Sevilla), es decir, los últimos 110 kilómetros. La Junta, según esta propuesta avanzada por fuentes próximas a la negociación, asumiría la gestión aguas arriba de ese pantano, es decir, todo el curso medio y alto del Guadalquivir.

Lo que plantea el Gobierno andaluz es que el primer tramo del río se quede en manos del Estado, ya que ahí se aplica la ley estatal de Costas, y tanto la Demarcación de Costas como la Autoridad Portuaria son las responsables en última instancia en esta zona del principal río de la comunidad.

La Junta entiende que esta solución contentaría también a agricultores y regantes. Los últimos kilómetros del río es donde se concentran los arrozales y donde tienen más peso organizaciones como Feragua, contraria a la gestión del río por parte del Gobierno regional. Se trata de la principal zona arrocera del país, con más de 35.000 hectáreas, y con una alta densidad en el regadío, con una previsión de 92.000 hectáreas para 2015, según se recoge en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Esta solución también agrada a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). "Nos sirve porque desde Andalucía se seguiría gestionando el Guadalquivir prácticamente igual a la sentencia del Constitucional", asegura su responsable regional, Agustín Rodríguez.

En el caso de las aguas arriba de la presa de Alcalá del Río, la Junta pretende seguir gestionando la cuenca. La intención en este caso sería establecer mediante un real decreto una nueva encomienda de gestión similar a la que ahora está vigente de modo transitorio. A través de la encomienda aprobada a finales de marzo, el Estado recuperó las competencias sobre toda la cuenca del río, aunque cedió la gestión a la Junta de Andalucía. Ese sería el modelo a seguir en la propuesta que baraja el Ejecutivo de José Antonio Griñán.

La Consejería de Medio Ambiente -responsable hasta ahora de gestionar las políticas de agua- no ha querido facilitar información sobre esta propuesta ni sobre el proceso de negociación. El departamento de José Juan Díaz Trillo se limita a señalar que "la Junta, como viene diciendo, aspira a lo máximo desde la lealtad institucional" y que "se sigue trabajando para hallar la fórmula de gestión compartida y, en ese sentido, se están estudiando diferentes propuestas en la comisión bilateral".

Los problemas del tramo final

La zona del Guadalquivir que la Junta de Andalucía dejaría en manos del Gobierno central, si saliera adelante la propuesta que baraja, es la más caliente del río. En esos 110 kilómetros del Guadalquivir es donde se concentran más intereses económicos enfrentados y donde está ubicado el espacio natural de Doñana.

En esa zona es donde la Autoridad Portuaria de Sevilla pretende acometer una ampliación del dragado del fondo del río para que puedan llegar hasta la capital andaluza barcos de mayor calado. Una misión internacional formada por representantes de la Unesco, UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y del convenio Ramsar sobre humedales de importancia internacional ha alertado del posible impacto negativo para Doñana que podría acarrear esta actuación.

A esta ampliación, además de los grupos ecologistas, también se oponen los arroceros de las marismas del Guadalquivir, que temen que las aguas que utilizan para regar sus cultivos puedan verse afectadas. El puerto de Sevilla defiende los beneficios que esta actuación tendría para la actividad económica y la generación de empleo.

Sin embargo, la comisión permanente del Consejo de Participación de Doñana también se pronunció a finales de julio sobre este asunto y apoyó las conclusiones del informe científico que desaconseja la ampliación del dragado por la repercusión negativa que tendría el proyecto para la delicada situación del estuario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de agosto de 2011

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