A los políticos debe exigírseles eficacia. Y un mínimo de empatía con los ciudadanos. Ninguna de las dos cosas han demostrado los consejeros Francesc Xavier Mena y Josep Lluís Cleries, responsables de la caótica revisión de la Renta Mínima de Inserción. Si combatir el fraude es una obligación de todo consejero, la pésima planificación con la que lo han hecho dice muy poco de su capacidad de gestión.

Mena y Cleries, sin embargo, han hecho algo más irresponsable: minar la cohesión social. Han señalado a los 110.000 beneficiarios de esta ayuda de último recurso como presuntos aprovechados. Y están dejando a decenas de miles de familias durante la primera semana del mes, cuando las facturas se acumulan, sin sus 420 euros de supervivencia. El desaguisado tiene más víctimas colaterales: los cientos de voluntarios y trabajadores sociales que, en toda Cataluña y muchas veces sacrificando tiempo libre, tratan de ayudar a los afectados. Mena y Cleries, mientras, disfrutan de sus vacaciones.