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La crisis financiera | Las decisiones de los Gobiernos

Salgado detalla un plan de ajuste de 5.000 millones ante la presión europea

La vicepresidenta pide al BCE que ayude a estabilizar los mercados de deuda

El Gobierno respondió ayer a la demanda europea de que acelere las reformas si quiere recibir apoyo. Horas antes de la decisiva reunión que mantuvo el BCE para comprar deuda española e italiana, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, reforzó el mensaje de los ajustes con algún detalle del nuevo plan que prepara el Ejecutivo para la semana próxima. En la misma declaración, Salgado aprovechó para pedir "que el Banco Central Europeo (BCE) haga su tarea y ayude a la estabilidad de los mercados de deuda". Con esas palabras, la vicepresidenta pedía lo que finalmente ha decidido el organismo europeo: ampliar el programa de compra de bonos públicos para incluir la deuda española e italiana y contribuir a rebajar sus elevados intereses.

Economía no aclara cómo mejorará la recaudación de sociedades

La regla de gasto de las comunidades estará lista en septiembre

La vicepresidenta ha mantenido estos días numerosas conversaciones telefónicas con otros dirigentes políticos, según explicó a la agencia Efe. La última de ellas, con el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner. También ha conversado con sus homólogos francés, alemán e italiano, con el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, con el director general de la OCDE y con el gobernador del Banco de España.

Más allá de esos contactos, Salgado trató de lanzar un mensaje con la idea de que España está dispuesta a tomar medidas adicionales para evitar la desconfianza. Así, cifró en 5.000 millones de euros el dinero adicional que reportarán las medidas previstas en el Consejo de Ministros extraordinario de la próxima semana. La mitad de esa cantidad provendrá de un incremento de los pagos a cuenta que hacen las grandes empresas por el impuesto de sociedades. La medida, de la que la ministra no ofreció más detalles, se antoja heroica en un tributo que este año no recaudará más de 16.000 millones, según las previsiones -algo optimistas- de Hacienda.

Esta es una de las novedades con las que el Ejecutivo espera asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit para este año (6% en el conjunto de Administraciones públicas). Consciente de que una de las principales incógnitas reside en las comunidades, la vicepresidenta aseguró que también se les ayudará a cumplir la meta mediante reducciones de gasto. En esa línea, Salgado articuló un mensaje destinado claramente a sosegar a los inversores: la regla de gasto que las comunidades se comprometieron a intentar pactar a partir de septiembre estará lista ese mismo mes para que los Parlamentos autónomicos puedan aplicarla antes de fin de año. No obstante, el Gobierno no tiene capacidad para imponerla y en la práctica solo la aprobará la comunidad que lo desee (y con los criterios que elija).

También en el plano autonómico, Salgado puso fecha a una medida ya anunciada anteriormente. A partir del tercer trimestre del año, los datos de déficit de las comunidades se ofrecerán con criterio de contabilidad nacional (el que cuenta para la medición europea de déficit) y, por tanto, se tendrá una idea más aproximada de cuál es la desviación respecto del objetivo.

La otra mitad del ahorro que espera conseguir Economía proviene del recorte del gasto farmacéutico que producirá la obligación que tendrán las boticas de dispensar el medicamento más barato de los que compartan un mismo principio activo.

Además, Salgado recordó una de las novedades de empleo que aprobará el Consejo de Ministros, ya sea el del 19 de agosto o el convocado para una semana después. Consiste en flexibilizar la jornada del contrato a tiempo parcial para que resulte más atractivo al empresario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de agosto de 2011