La lección de Grecia

Llama la atención que se repita sin cesar la obviedad de que España no es Grecia. Evidentemente, Grecia tiene una población cuatro veces menor, y una renta per capita un poco más baja. En el 2010 el crecimiento económico en España fue del -0,1 y en Grecia del -4,5. La deuda pública alcanza en Grecia el 142% del PIB, y el 74% en España, con lo que la prima de riesgo ha sobrepasado los 1.500 puntos en aquel país y los 300 en el nuestro. Nadie piensa que Grecia pueda pagar su deuda, mientras que esta probabilidad es tan solo del 20% en España. Otros datos, sin embargo, nos aproximan, como el déficit presupuestario, que en Grecia alcanza el 13% y en España está en el 11,4%, y algunos son incluso peores aquí: teníamos el doble de paro, aunque en el último año se haya achicado la distancia.

Los más ricos y poderosos, y buena parte de los autónomos, no pagan los impuestos que debieran

Donde el sector privado ofrece poco empleo, la salvación individual está en el público

Las diferencias y las similitudes macroeconómicas son significativas solo incardinadas en los distintos modelos productivos, incluyendo las peculiaridades sociales, políticas y culturales. De ahí que sea sumamente arriesgado comparar países, pero el que se insista tanto en lo diferentes que son España y Grecia y se omitan semejanzas bastante estridentes, nos alerta de que tal vez se quiera encubrir coincidencias relevantes.

Cierto que cabe encontrar responsables de la crisis griega en ámbitos muy distintos: en las instituciones comunitarias, que fueron incapaces de detectar las mentiras oficiales -me temo que no solo en Grecia se haya ocultado o falsificado información-; en los que crearon una moneda única sin preocuparse de poner en marcha una política económica y fiscal común; en los que patrocinaron el invento, Francia y Alemania, pero luego no respetaron el déficit y la deuda establecidas en Maastricht; en fin, en las instituciones financieras prestamistas que ante un suculento negocio no sopesaron los riesgos.

Para librarse de ser tildados de aprovechados y presentarse como víctimas del capitalismo internacional, se comprende que los griegos pongan en un primer plano los factores externos, que nadie niega que no hayan desempeñado un papel crucial. Ahora bien, el que los causantes de la catástrofe hayan sido muchos, y de muy distinto orden, no elimina la parte de responsabilidad que a Grecia le corresponde: dentro del mismo contexto comunitario otros países se han manejado con mejores resultados. Políticos, empresarios, organizaciones sindicales y profesionales, en suma, el comportamiento de los distintos sectores sociales, así como no pocos rasgos culturales, heredados de una larga tradición, han ocasionado la crisis griega, dejando en la penumbra, al ignorarlos, el tema del que más podríamos aprender los españoles.

Desde la perspectiva interna de Grecia, dos son los factores principales que han llevado a un endeudamiento impagable. El primero, un gasto muy superior a la capacidad productiva, que se mantuvo incluso cuando la productividad decrecía en relación con la media comunitaria. El aumento acelerado del gasto se debe en primer lugar a una administración tan desproporcionada, como ineficaz, en la que se han conservado privilegios que en otros países hace ya mucho tiempo que desaparecieron, como que las hijas solteras, o divorciadas, siguiesen cobrando la pensión de sus padres fallecidos, o tan peculiares, como percibir un suplemento por manejar un ordenador, o ser puntual en el trabajo, y sobre todo la jubilación a los 50 años.

El gasto público se acrecentó considerablemente con las prebendas, tan diversas como a menudo abusivas, de que disfrutaba la población laboral. Un proceso que impulsó la competitividad electoral de los partidos, dispuestos a arrancar votos con continuas concesiones. No se me interprete mal, no estoy en contra, todo lo contrario, de una política social eficiente, pero sí, y mucho, contra la acumulación de privilegios, más o menos arbitrarios, concedidos con el único fin de obtener, o mantener, el voto. A todo esto se añade el gasto militar que, dadas las tensiones con sus vecinos, en primer lugar con Turquía, llegó al 6% del PIB. Al disponer de una moneda estable, supervalorada, con intereses que parecían soportables, fue posible un endeudamiento continuo del Estado. Ya los antiguos griegos pusieron énfasis en la dimensión demagógica y belicista de la democracia.

El segundo promotor interno de la crisis es una fiscalidad de la que escapan los más ricos y poderosos, así como buena parte de los autónomos, que en Grecia son casi la mitad de la población activa. El rasgo que distingue a un Estado que funciona es la cantidad que realmente recauda, no la que obtendría, si se cumpliesen las leyes. Cierto que en un mundo globalizado, con abundantes paraísos fiscales, el fraude fiscal es un mal que atañe a todos, pero, aun así, en los Estados de la eurozona se constatan grandes diferencias que ocasionan algunas de las dificultades por las que pasa la moneda común.

Enfrentarse al fraude en países en los que nadie confía en la propia economía provoca una mayor huida de capitales, como es el caso actual de Grecia, y como ocurrió en Argentina en su última gran crisis. Sacar el dinero al extranjero tiene en Grecia una larga tradición que en los años ochenta y noventa del pasado siglo se afianzó para salvarse de las devaluaciones del dracma.

Se calcula que los griegos han invertido 560.000 millones de euros en el extranjero (téngase en cuenta que 230.200 millones de euros fue el PIB de Grecia en 2010). La familia más acaudalada, la de los Latsis, con una fortuna que se calcula en 3,38 miles de millones de euros, hace tiempo que se ha instalado en Ginebra. Los muy ricos viven ya todos en el extranjero.

Lo nuevo es que la clase media de manera masiva trate ahora de transferir su dinero al extranjero. De enero de 2010 a abril de 2011 se han colocado 31.000 millones de euros fuera de Grecia. Cuanto más se endeuda el país para no declararse en quiebra, más lo descapitaliza la huida del capital.

Allí donde el sector privado ofrece poco empleo, la salvación individual está en el público. La necesidad de cada partido griego de colocar a su gente ha traído consigo no solo que se haya mantenido una tasa alta de empresas estatales (electricidad, transporte, telecomunicaciones, pero también manufacturas y hoteles), sino que haya aumentado incluso en los dos últimos decenios. Sindicatos y obreros defienden la propiedad estatal de muchas empresas porque, aunque acumulen pérdidas, garantizan, y aun amplían, el empleo. El resultado es que los organismos internacionales hayan impuesto un programa de privatizaciones que no toma en consideración razones económicas o sociales para la continuidad de la empresa, ni siquiera los precios mínimos que en la actual coyuntura puedan alcanzarse; su único objetivo es recoger capital para pagar la deuda.

Estas son algunas de las medidas que se han impuesto a Grecia: disminuir el costo de la Administración, cubriendo hasta 2015 una plaza de cada diez que queden vacantes, reduciendo los sueldos en el 15% y elevando la jornada laboral de las 37,5 a las 40 horas; una radical reforma fiscal que implica una fuerte subida de los impuestos; una rebaja de 1.000 millones de euros en el sistema sanitario, entre otras disposiciones, con una lista de medicamentos que no pagará la seguridad social; en fin, una disminución drástica del gasto militar.

Con el ejemplo griego o sin él, no habrá que insistir en que lo antes posible tendremos que llevar adelante en España una política de adelgazamiento de la Administración y una reforma sustancial de la fiscalidad, acompañada de una lucha exitosa contra el fraude. Si por los mismos motivos que en Grecia seguimos retrasándolas, estas, y otras medidas mucho más duras, nos las impondrán desde fuera.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.