Un juez indaga amaños de contratas en Alicante
La oposición pide explicaciones al edil responsable del área de Atención Urbana
En plena instrucción de la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Consistorio, que preside Sonia Castedo, del PP, se enfrenta a un nuevo supuesto caso de corrupción. El Juzgado número 2 de Alicante indaga una trama entre funcionarios y empresarios relacionada con la adjudicación de obras del Plan E.
Por estos hechos, el juez de guardia dejó ayer en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales a un técnico municipal y dos promotores. Las diligencias siguen secreta.
La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculadas a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado.
El concejal del área implicada defiende la legalidad de los contratos
El magistrado ordenó el jueves los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores responsables de las firmas implicadas, las mercantiles Becsa (antigua Lubasa) y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios, SL (CCMS). El juez también reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el ingeniero técnico municipal detenido, José L. M., responsable del negociado de vías públicas y obras.
Fuentes del caso señalan que el funcionario asumía como suyos los proyectos de los promotores y les aseguraba la adjudicación a cambio de dádivas.
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, ha adjudicado entre 2009 y 2010 a las dos empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción obras del Plan E por valor de 7,5 millones de euros. El grueso de las contratas se lo ha llevado la mercantil Becsa, con 6,5 millones. Mientras, la firma Civil de Construcción y Servicios, SL (CCMS), logró contratos por casi un millón. No obstante, según fuentes municipales, la primera mercantil solía subcontratar con la segunda parte de las adjudicaciones que obtenía.
Los proyectos del Plan E más destacados adjudicados a la mercantil fueron sendas obras para remodelar la plaza del Ayuntamiento y el paseo de la Explanada, por un monto global de casi dos millones de euros.
El nuevo caso de supuesta corrupción que salpica al Ayuntamiento dio pie a los grupos de la oposición a exigir responsabilidades y explicaciones al equipo de gobierno del PP. Así, la portavoz del PSPV, Elena Martín, instó al concejal responsable del departamento de Atención Urbana, Andrés Llorens, a que aclare las supuestas irregulares en el próximo pleno de la corporación. "Llorens es responsable por acción, omisión o por sorpresa", dijo Martín. "Resultaría escandaloso que una financiación del Gobierno de España pensada para sostener el empleo en la dura situación de crisis hubiera sido aprovechada por algunos para hacer caja", añadió. La portavoz socialista señaló que "Castedo ha empezado la legislatura como la anterior, bajo sospecha, y las urnas no eximen", precisó, en alusión a la implicación de la regidora en el caso Brugal.
El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, exigió la constitución de una comisión de investigación municipal para aclarar los hechos. La formación Compromís, sin representación en la corporación, exigió la dimisión de Llorens.
El concejal Llorens, número dos del Gobierno de Castedo, rechazó las críticas de la oposición y defendió la "legalidad" de todas las adjudicaciones. "Primero quiero expresar mi confianza en la Justicia y nuestra disposición a colaborar con el juez y también anteponer el derecho a la presunción de inocencia de los implicados, antes de iniciar un linchamiento público", dijo. También quiso "incidir en el origen político de la denuncia, a instancias de una exedil del PSPV". "Los socialistas inician la legislatura igual que la acabaron, pero con seis concejales menos", añadió.
La Concejalía de Atención Urbana ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. Víctor López, jefe de servicio del departamento, fue imputado tres veces. También estuvo imputado Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivó las causas.
