Denuncia contra Roberto Varela por los daños a un castro
El grupo ecologista Adega y el colectivo de defensa cultural MariñaPatrimonio presentaron ayer, en la fiscalía de Lugo, dos denuncias contra el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, al que acusan de desproteger el castro de A Atalaia en San Cibrao (Cervo). No obstante, por la condición de aforado del responsable de la Xunta, tendrá que tramitarla la fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
"La Ley de Patrimonio obliga a la Xunta a que este yacimiento inventariado se conserve y no se está conservando", argumentó las denuncias Manuel Miranda, portavoz de MariñaPatrimonio. La historia viene de atrás, y de más atrás podría venir si finalmente se confirman las sospechas de esta asociación cultural de que sobre ese poblado se asentaba un puerto romano. "Podría ser un punto de referencia marítimo. Aunque no hay muchos informes, por lo visto San Cibrao podría haber sido un puerto romano, y la base para afirmar eso es la cantidad de cerámica de importación que aparece, sobre todo tierra sigilata", detalló ayer Miranda en la rueda de prensa que organizaron los dos colectivos en la tienda solidaria de Cova da Serpe, en las entrañas del casco viejo de Lugo.
Las asociaciones fecharon en 2006 el año en el que empezó la "degradación" del que quizás es uno "de los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste peninsular", según Miranda. En ese lugar el Ayuntamiento concedía licencia para la construcción de tres edificios sobre el castro, cuya silueta sigue siendo visible hoy.
Parcela destruida
Ese mismo año los grupos lo denunciaron a la Dirección Xeral de Patrimonio, entonces del Gobierno bipartito, que ordenó paralizar la construcción. "Pero cuando llega la orden de paralización, la constructora Promociones San Ciprián ya tenía destruida totalmente una de las parcelas del yacimiento", recordaban ayer en su nota de prensa.
"Conjuntamente, aunque con dos iniciativas por separado, hemos decidido denunciar al conselleiro por no haber actuado", explicó el portavoz de Adega, Froilán Pallín. "Entendemos que la importancia arqueológica es fundamental, que hay una obligación de proteger y actuar. Las leyes obligan a todos y los responsables de esta inacción, este insulto, estos hechos que entendemos son delictivos, tienen que responder". Es una "advertencia" para "todos los responsables políticos que no cumplan con sus obligaciones".
