Ence sostiene que el proceso para retirarle la concesión puede durar "varios años"
César Mosquera, concejal nacionalista de Ordenación do Territorio, declaró ayer que la sentencia es un "avance" pero admitió que su alcance "no está claro". La mayoría de afectados espera acontecimientos y estudios más pormenorizados de una sentencia que les ha cogido con el pie cambiado. La empresa emitió un comunicado en el que confirma que recurrirá la resolución ante el Tribunal Supremo, y avisa de que el inicio del expediente de caducidad de la concesión no significa que esta se vaya a anular finalmente. "[El fallo] no entra en el fondo del asunto y se queda en una cuestión puramente procedimental, al limitarse a condenar a la Administración a que inicie un procedimiento de caducidad, pero no prejuzga el resultado de dicho procedimiento", aduce la compañía. "Aun así, y dado que Ence estima que no tiene sentido iniciar la incoación del expediente, la empresa presentará recurso".
La pastera también se prepara ante el inicio del expediente por parte del Ministerio. "Este procedimiento deberá tramitarse completo, otorgarse trámite de audiencia y cumplir con los restantes trámites previstos en la ley, incluido el dictamen del Consejo de Estado. El proceso podría prolongarse varios años", prevé.
El presidente de Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz, achaca la tibieza de las reacciones de los responsables políticos a la estupefacción. "No se acaban de creer que una asociación de cuatro personas con la ley en la mano y sin exabruptos hayan conseguido esto", asegura. "Es una sentencia de libro, magnífica", aduce. "Jurídicamente solo tiene una lectura, y es que hay únicamente una concesión, decir lo contrario es levantar cortinas de humo". También rechaza el razonamiento de Ence respecto a que el texto no entre en el fondo del asunto. "El contencioso es una entidad revisora del procedimiento administrativo, y eso es lo único que analiza", opone. Díaz duda asimismo de que Ence pueda "sacarse un conejo de la chistera" durante el expediente de caducidad de la concesión. "¿Qué van a argumentar? Lo mismo que en el procedimiento judicial: nada. No tienen concesión". Desde la Asociación pola Defensa da Ría, que también pelea contra el complejo de Lourizán, señalan que la resolución puede servirle a la Xunta para denegar la autorización ambiental integrada de la factoría, que caduca a final de año.
