Los jóvenes marroquíes del Movimiento del 20 de Febrero fracasaron en su primer intento de organizar ayer una protesta ante la sede de la Dirección de Supervisión del Territorio (DST), la policía política, pero el rey Mohamed VI entreabrió la puerta de esa polémica institución para que pueda ser inspeccionada por defensores de los derechos humanos.

El Movimiento del 20 de Febrero convocó a través de Facebook un picnic en el bosque de Temara, un suburbio al sur de Rabat que rodea la sede de la DST, para "reivindicar que sean juzgados los responsables de la tortura y de las violaciones de los derechos humanos" que allí se cometerían. "Queremos que se sepa la verdad", insiste Rachid Hicham, un activista.

La ONG Human Rights Watch señaló en octubre pasado que sospechosos de terrorismo "son detenidos en un centro secreto cerca de Rabat" y permanecen allí más tiempo del permitido legalmente. Entre ellos figuran algunos marroquíes extraditados por España. Cuando solo tenía 10 años, Elias Mejjati, hijo de un terrorista marroquí abatido en Arabia Saudí, estuvo secuestrado en Temara durante 10 meses y sometido a tortura psicológica. El ministro del Interior, Taieb Charkaoui, negó de nuevo recientemente en el Parlamento que Temara sea una cárcel secreta.

Diez heridos

Desde primera hora de la mañana la policía se desplegó en el barrio y cargó contra los jóvenes que intentaban acceder al bosque hiriendo a 10 de ellos que necesitaron asistencia hospitalaria, según el movimiento. "Reprimiendo a los jóvenes violentamente en Temara el régimen ha demostrado que la sede del servicio secreto es sagrada a sus ojos mientras que el Parlamento no lo es", ironizaba Abadila Maaelaynine, otro activista. Los jóvenes han podido hasta ahora manifestarse sin problemas ante el Parlamento marroquí.

La agencia de prensa oficial MAP justificó las cargas de los antidisturbios porque el Movimiento del 20 de Febrero no había solicitado la autorización preceptiva para concentrarse, algo que tampoco hizo en otras ocasiones, pero anunció que en breve el fiscal general y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano oficial dirigido por personalidades independientes, inspeccionarán la sede de la DST. Solo el rey puede tomar una decisión de tal envergadura.