ArchivoEdición impresa

Acceso a suscriptores »

Accede a EL PAÍS y todos sus suplementos en formato PDF enriquecido

domingo, 15 de mayo de 2011
Reportaje:CAMBIOS DE CRITERIO

Cuba corta la salida a ETA

Veteranos terroristas acusan de "carcelero" al castrismo por no facilitarles la marcha de la isla. La Habana ha puesto fin a la luna de miel con el 'abertzalismo' violento

La conexión histórica de ETA-Batasuna con Cuba se resquebraja tras décadas de soterrada pero intensa relación en las que el Gobierno castrista y su modelo revolucionario han ejercido un poderoso magnetismo dentro del abertzalismo violento. En marcado contraste con la cobertura prestada hasta ahora, las autoridades de La Habana se están negando a facilitar a los activistas de ETA asentados en su territorio documentación falsa "operativa" que les permita volver a Francia o trasladarse a cualquier otro país. En la práctica, esta decisión supone cerrar la salida a los etarras allí instalados, toda vez que, según fuentes policiales, tampoco quienes tienen sus causas penales prescritas en España parecen, hoy por hoy, dispuestos a pasar por el "humillante trago" de acudir a la Embajada española a solicitar un pasaporte.

La Habana no quiere comprometer su relación con España, por un grupo terrorista al que se da por desahuciado

La actitud del Gobierno castrista ha abierto una división en el seno de la comunidad etarra en Cuba y soliviantado los ánimos de algunos de los activistas, que no dudan en utilizar contra sus antiguos benefactores la munición dialéctica del calibre más grueso. Es el caso de los veteranos Elena Bárcena Argüelles, Tigresa, y Francisco Javier Pérez Lekue, Niko, que intentan desde hace tiempo abandonar la isla, se ignora si con el propósito de seguir una trayectoria estrictamente personal o para reintegrarse en las debilitadas estructuras de su organización en Francia.

En un escrito de denuncia fechado en "Ciudad de La Habana, el 8 de febrero de 2011", Bárcena y Pérez Lekue tildan de "carceleros" a los gobernantes de La Habana, al tiempo que les acusan de haber incumplido el acuerdo de 1984 por el que el Gobierno de Castro se comprometió a no impedir la eventual salida de la isla de los integrantes de la comunidad etarra. Sostienen que aunque al principio los gobernantes cubanos cumplieron lo acordado y permitieron que los miembros de ETA abandonaran el país, posteriormente han ido poniendo más y más trabas a las salidas, hasta llegar a la prohibición, "primero en la práctica y más tarde diciéndolo abiertamente", indican en una carta enviada a medios de comunicación vinculados a la denominada izquierda abertzale.

"Queremos hacer público nuestro rechazo hacia la actitud de las autoridades de este país, que nos condena, de facto, a cadena perpetua, en un marco, además, de absoluta inseguridad jurídica", subrayan en ese escrito. Suena escandaloso en un universo ideológico como el de ETA-Batasuna, donde se ha cultivado con esmero la mitificación del castrismo y la amalgama-coartada del abertzalismo terrorista con la referencia revolucionaria cubana. La carta, dirigida "al pueblo de Euskal Herria", no ha sido publicada por temor a que la descalificación del régimen castrista irrite al Gobierno de La Habana y al Partido Comunista de Cuba (PCC), provoque un mayor deterioro de las relaciones y, en última instancia, perjudique al conjunto de los etarras allí asentados.

Bajo la argumentación doctrinaria oficial de que las organizaciones terroristas son movimientos nacionales de liberación y de que no existen garantías de que los revolucionarios vayan a tener un juicio justo en sus países, Cuba se ha negado sistemáticamente hasta ahora a colaborar judicialmente con España en los casos que involucran a los miembros de ETA. En sus indagaciones sobre asuntos diversos, que van desde el secuestro y desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, hasta la colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), la justicia española ha reclamado infructuosamente la entrega, entre otros, de los activistas Miguel Ángel Apalategi, Apala (uno de los últimos en ver con vida a Pertur), José Ángel Urtiaga Martínez, José Miguel Arrugaeta San Emeterio o José Ignacio Etxarte Urbieta.

Lejos de darse por vencidos ante la negativa gubernamental de La Habana, Elena Bárcena y Francisco Javier Pérez Lekue han insistido con nuevos escritos, enviados esta vez a la dirección del PCC, en los que reiteran sus exigencias de que se les facilite documentación (falsa) y afirman que Cuba es ya para ellos "una cárcel donde no quieren permanecer ni un día más". Pese a que ambos tienen sus causas penales prescritas en España, se niegan en redondo, "por cuestiones de principio", a proveerse de documentación legal en la Embajada española y hasta amenazan con iniciar una huelga de hambre. Elena Bárcena fue deportada a Cabo Verde en 1986 junto a su marido, Ignacio Rodríguez Muñoa, Zippo, pero ambos acabaron recalando en Cuba un año más tarde. Francisco Javier Pérez Lekue llegó a Cuba procedente de Nicaragua y, según la policía española, ha vivido en la isla caribeña con documentación falsa.

La crisis desatada por Tigresa y Niko ha crispado también los ánimos dentro de la propia comunidad de etarras refugiados en ese país, que se calcula asciende a una veintena, aunque se desconoce su número exacto, toda vez que el Gobierno de Castro solo reconoce haber dado cobijo al grupo de etarras deportados que llegaron desde Panamá y Francia en los años ochenta como parte de acuerdos avalados por el propio Ejecutivo de Madrid. Los servicios de información españoles siempre se han mostrado convencidos de que Cuba ha acogido y acoge también a destacados miembros de ETA, buena parte de los cuales abandonaron Nicaragua tras la derrota electoral de los sandinistas. Entre ellos se encontraría Miguel Ángel Apalategi, Apala, y otros antiguos dirigentes a los que el régimen castrista otorgó nueva identidad y rodeó de grandes medidas de seguridad para evitar que su presencia quedara al descubierto.

En la terminología interna de la comunidad de "refugiados" de ETA, ese grupo compone el denominado colectivo "cerrado", así definido por oposición al "abierto" que sí es reconocido por el Gobierno de La Habana y que encabezan Txutxo Abrisketa Korta y el propio José Miguel Arrugaeta. Según fuentes policiales, estos últimos, que llevan ya décadas en la isla caribeña y tienen su vida y modus vivendi establecido a través de las empresas UGAO y Euskal Herria, se oponen frontalmente a cualquier denuncia que pueda ser interpretada por el Gobierno cubano como un gesto de deslealtad.

La nueva actitud del Gobierno cubano supone un giro de su comportamiento, puesto que hasta hace un tiempo el régimen castrista proporcionaba documentación "operativa" y ayuda logística a los etarras que optaban por abandonar la isla, tal y como prueban algunas detenciones practicadas en Francia. En su carta de denuncia, Elena Bárcena y Pérez Lekue recuerdan que el acuerdo inicial alcanzado con el "colectivo de refugiados" de ETA establecía que las autoridades cubanas facilitarían las salidas, aunque quien abandonara la isla ya no podría regresar.

La apuesta por ETA-Batasuna que el castrismo hizo en su día ha ido desdibujándose a medida que la comunidad internacional toleraba peor la condescendencia y no digamos ya la complicidad con el terrorismo. Cuba, que mantiene un grado de comunicación con las autoridades españolas superior al de años atrás, no quiere comprometer sus relaciones bilaterales con España, menos aún a causa de una organización terrorista a la que se da por desahuciada. Aunque la retórica de la solidaridad revolucionaria siga en pie, la luna de miel del castrismo y ETA-Batasuna parece tocar a su fin.

La carta de protesta de dos etarras

Ciudad de La Habana, 8 de febrero de 2011

Al pueblo de Euskal Herria:

Somos dos refugiados políticos vascos que llegamos a Cuba hace ya más de veinte años; aunque llegamos en momentos diferentes, en ambos casos las autoridades de este país nos informaron de que aceptaban nuestra estancia en las mismas condiciones que las acordadas con los primeros deportados procedentes de Panamá en el año 1984. Dentro de esos acuerdos quedaba claro que podíamos abandonar el país cuando deseáramos, eso sí, con la cláusula explícita de que el que se iba no volvía.

Si bien durante los primeros años Cuba cumplió lo acordado y de hecho varios refugiados fueron abandonando el país, cada vez fueron poniendo más trabas a las salidas, hasta que llegó el momento en que las prohibieron, primero en la práctica y más tarde diciéndolo abiertamente. Con esa actitud han pasado de ser un país de acogida a carceleros, al menos para aquellos que deseamos abandonar esta isla.

La única opción que han dejado abierta es acudir a la embajada española y confiar en que allí se dignen a conceder un pasaporte, modo de salida que no tiene nada que ver con los acuerdos que en su día aceptamos las dos partes y que además en nuestro caso se vuelve imposible por no habernos concedido a uno de nosotros papeles a nuestro nombre, obligándolo a permanecer completamente indocumentado, al negarse a vivir con documentación falsa.

Por todo ello:

-Queremos hacer público nuestro rechazo hacia la actitud de las autoridades de este país, que nos condena de facto a cadena perpetua, en un marco además de absoluta inseguridad jurídica.

-Exigimos el cumplimiento de los acuerdos de 1984, aceptados por ambas partes a nuestra llegada a la isla y derogados unilateralmente y sin siquiera informarnos en su momento de ello.

Elena Bárcena Argüelles

Javier Pérez Lekue

La embajada de España en La Habana, en una fotografía tomada en 2003. / EFE

Atención al cliente

Teléfono: 902 20 21 41

Nuestro horario de atención al cliente es de 9 a 14 los días laborables

Formulario de contacto »

Lo más visto en...

» Top 50

Webs de PRISA

cerrar ventana