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martes, 26 de abril de 2011
Tribuna:

Corresponsables de la estabilidad

España se encuentra ya en primera línea de la defensa económica de la zona euro. Disponemos, sin duda, de una posición mucho más sólida que la de los baluartes que han ido cayendo. Aun así, es evidente que a partir de ahora la atención internacional va a seguirnos todavía más de cerca.

Nuestra trayectoria futura dependerá de Europa y de nosotros mismos. Europa ya nos ha puesto sus condiciones: austeridad y reformas estructurales. Independientemente de nuestra opinión sobre su importancia relativa debemos atender a ambas. Por lo que respecta a nosotros mismos, está claro que disponemos de fortalezas que permiten superar el reto. Pero para conseguirlo deberíamos evitar dos riesgos.

El primero es que sectores, grupos e instituciones sociales y políticas reaccionen ante la crisis y los procesos de ajuste anteponiendo intereses particulares a intereses generales. Es el discurso que dice entender la necesidad del ajuste pero que aun así vuelca sus esfuerzos en preservar posiciones adquiridas, a menudo, con una visión muy a corto plazo. Un proceso de ajuste puede asimilar una cierta dosis de resistencia, pero hay un punto crítico más allá del cual todo puede irse a pique. Además, con el escrutinio internacional a que estamos sometidos, el punto crítico puede precipitarse.

El segundo riesgo potencial es que a las autoridades políticas, quizás condicionadas por esta resistencia al cambio, les falte decisión para, si no hay otro camino, establecer con firmeza y rapidez las reformas que la situación impone. En el catálogo de reformas exigidas por Europa cabe mencionar la reforma del mercado de trabajo. Efectivamente, será muy difícil salir de esta crisis sin insistir en ella. Hay que crear puestos de trabajo para los muchos ciudadanos que intensamente los desean. No deberíamos aceptar con conformismo una estructura de análisis que ve la recuperación del empleo como una tarea lenta y muy a largo plazo. Si el paro es tan crónico en España y su nivel tan atípico en Europa, no es porque los habitantes de esta península sean distintos del resto de los europeos. Ha de ser en razón de la organización del mercado de trabajo.

Otro factor ineludible a considerar es cómo incide nuestra organización territorial sobre el proceso de ajuste. Es un error común contemplar la relación entre la Administración central y las comunidades autónomas como si fuera semejante a la de los Estados miembros de la Unión Europea con la Unión. No es así ya que aquí tenemos un sistema fiscal integrado y por lo tanto internacionalmente se nos percibe, correctamente, como un todo. En consecuencia, el ajuste exige la cooperación y la participación corresponsable de todas las Administraciones públicas. A las comunidades autónomas corresponde llevar a cabo programas de austeridad severos que, al implicar la provisión de servicios públicos básicos, no es cosa precisamente fácil. A la Administración central corresponde llevar a cabo las reformas estructurales que solo ella puede impulsar a la vez que apoyar y facilitar los programas de austeridad de las autonomías. Y todo ello debe hacerse en colaboración: con mutua transparencia, comunicación constante y confianza recíproca. De lo contrario, acabará sufriendo la reputación de ambas Administraciones así como el coste de su crédito.

Por lo que respecta a Cataluña quiero destacar el incondicional y firme compromiso de su Gobierno, y de la fuerza política que lo sustenta, con la causa de la estabilidad financiera. Este compromiso se manifestó en mayo del año pasado con el voto favorable, y crucial, en el Congreso del real decreto ley de medidas de ajuste del gasto público. Se manifiesta ahora con la preparación de un presupuesto para 2011 que, en línea con el esfuerzo requerido en los escenarios de estabilidad vigentes, incorpora una disminución del 10% del gasto público de la Generalitat (y que está acompañado de un decreto de prórroga del presupuesto de 2010 muy restrictivo con el mismo). Será un presupuesto que pedirá sacrificios importantes a los ciudadanos y que está en el límite de lo posible y, por lo tanto, de lo creíble, un valor esencial que entre todos debemos afianzar. Y, finalmente, se manifiesta también en el compromiso repetidamente expresado de alcanzar el equilibrio fiscal no más tarde de la fecha (2013) establecida en los escenarios vigentes de estabilidad presupuestaria.

Andreu Mas-Colell es consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña

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