¿Lucha contra la crisis o lucha contra el déficit? No es lo mismo

Algo está ocurriendo cuando las grandes compañías constructoras de obra pública acuden con armas y bagajes a pequeños concursos públicos de insignificancia económica para lo que son sus ofertas habituales. Eso que está ocurriendo en el sector se llama crisis, y esta viene determinada por la súbita desaparición de gran parte de la oferta de licitación pública presupuestaria para infraestructuras, causada por las medidas de ajuste económico que ante la crisis ha adoptado el Gobierno español.

Ya en nuestro sector, fue unánime la valoración que consideraba que las medidas adoptadas no enfrentaban una situación de crisis, sino que constituían un elemento que la agravaba. Europa, al sugerir estas vías al Gobierno español, se apartó de las pautas que Estados Unidos adoptó frente a la misma emergencia económica. No es nuevo. A diferencia de Estados Unidos, que exige al gobernador de la Reserva Federal atender a la economía real, velar por el crecimiento y el empleo, el Banco Central Europeo y los bancos nacionales apuestan por controlar las magnitudes monetarias, pero no consideran esos elementos de la economía que afectan al crecimiento y al empleo. Hay más capacidad de respuesta en el sistema estadounidense. Es la política.

El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) deberá incorporar a las empresas medianas

A los partidos políticos: dígannos qué programas sustentan en materia de inversión pública

De esta forma, da la impresión de que en Europa, unos con más problemas estructurales, otros con menos, las magnitudes del déficit y la inflación son los elementos determinantes para la reacción. Oyendo a los actuales responsables de las instituciones europeas tengo dudas de si les parte el corazón el espectáculo del paro. ¿Hay alguna razón indiscutible para plazos tan drásticos como los establecidos? ¿No se podía haber establecido la lucha contra el déficit público en plazos más moderados?

En mi opinión, no es lo mismo luchar contra el déficit que luchar contra la crisis. La pérdida de empleos, el hundimiento de un sector tan productivo y eficaz para la economía real como el de creación y conservación de infraestructuras, la caída vertiginosa de la inversión pública, están siendo un correctivo durísimo e injusto para este sector económico, que si ha adquirido gran tamaño no ha sido por veleidad, sino por causa del gran esfuerzo público inversor. Es el sector público el que ha necesitado de muchas empresas, el que ha dado esta dimensión al ámbito de la obra pública y ahora corre el riesgo de dejarlo perecer.

En este contexto, el ministro de Fomento, para paliar los efectos de la crisis y de las medidas de ajuste, para garantizar un grado de actividad en el sector, para salvar empleos y dotar a la sociedad española de infraestructuras necesarias, ha creado un programa de inversiones con participación público-privada (PEI) que, según reiteradas manifestaciones, debe alcanzar 17.000 o 18.000 millones de euros. Seguramente no hay unanimidad entre unos grupos de empresas y otros sobre la forma de abordar las adjudicaciones para que todos o al menos muchos participen, pero eso es harina de otro costal a la que aludiré enseguida. Todos coincidimos, sin embargo, en que es la última posibilidad de que en el corto-medio plazo se salve la actividad del sector y se frene un deterioro que puede ser una auténtica catástrofe si no prosperan estos planes de inversión diseñados y planificados de forma que repercutan nada o levemente en el déficit público.

Esta fórmula puede ser interesante, a falta de dotación presupuestaria, y no conviene boicotearla. Deseamos desde las empresas de ingeniería y de construcción de obra pública ver cuanto antes caminar a estos proyectos, que son necesarios, convenientes, generadores de empleo y enriquecedores para nuestra sociedad. Y animamos al Gobierno a no desfallecer en ese esfuerzo iniciado.

Pero también tenemos que advertir de que estos programas son una especie de medicina que debe administrarse con equidad para todas las empresas afectadas por la crisis. Se equivocan aquellos que creen que por su tamaño tienen más derecho que el resto a recibir su dosis proporcional del medicamento. Se equivocan quienes crean que una reconversión cruel, no regulada, favorecedora del cierre de muchas empresas, va a significar algo positivo para España. Significará más paro. Se equivocan quienes crean que no merece la pena intentar aliviar la situación de las empresas en general, aunque sean de tamaño mediano. Yerran quienes creen que el mundo todavía se divide en señores de toda la vida y servidores subcontratistas. Es perturbador considerar simplemente que sobran empresas.

Se trata de soslayar la situación transitoria que vivimos. No es del todo cierto que haya finalizado el ciclo de fuertes inversiones en infraestructuras. En Alemania, que nos llevó gran ventaja en su construcción, sigue habiendo actividad y empresas y sigue habiendo necesidades importantes. Al igual ocurre en Reino Unido, en Francia o en Estados Unidos.

¿Quién ha dicho que se han acabado las necesidades en materia de infraestructuras? Siguen siendo necesarias. Algún día habrá que hablar de cómo repartir el agua entre los españoles; de cómo reducir con mejores carreteras y conexiones los costes energéticos y económicos; de cómo trasladar a los raíles una cuota de las mercancías que se mueven por España; de cómo articular mejor todavía nuestros territorios; de cómo dotar de medios a la protección ambiental frente a los riesgos potenciales de la industria, del turismo, de las comunicaciones necesarias. El país no puede dar por cerrado su afán de modernizarse y mejorar, aunque haya que esperar un poco. Parece que a algunos les encanta dar malas noticias, pero ello no es casual.

Pues bien, deseamos que haya un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI). Que sea generoso en sus objetivos. Pero ya advertimos de que deberá incorporar a las empresas medianas, porque nadie tiene derecho natural a la exclusividad. Deberá estar regulado por un pliego que tenga en cuenta el principio de la competencia, y ello no es posible si el ámbito está cerrado a unos pocos. Y deberá incorporar reglas para que el órgano adjudicador sea el Gobierno con los poderes públicos, y no la banca.

Ello depende de un Gobierno que pensamos mantiene su sensibilidad en este asunto.

Y en este contexto, realmente preocupante por muchos motivos, no podemos dejar de hacer una pregunta a nuestros partidos políticos: dígannos todos qué programas sustentan en materia de inversión pública. Cómo lo quieren hacer. Con qué reglas de adjudicación. Con qué calendarios.

Va a haber elecciones municipales y autonómicas. Expresen, para general conocimiento, sus proyectos, sus ideas, sus planes. Es capital para el sector tener anticipada la idea de cómo van a suceder las cosas. Hablen con nosotros. Tenemos puntos de vista muy precisos sobre la forma en que puede intensificarse la competencia, sobre la necesidad estratégica de que haya empresas de tamaño mediano en España, sobre la ventaja de considerar a quienes crean más empleo estable, sobre la conveniencia de dar moral a los empresarios para que aporten esfuerzo y entusiasmo para superar el momento, sobre las cosas que quedan por hacer. Nada está acabado. Siempre hay metas a nuestro alcance colectivo.

Javier Sáenz Cosculluela es presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO).