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Aguirre se desmarca de la propuesta del alcalde de retirar a los 'sin techo' de la calle

Aguirre no pediría, como Gallardón, un cambio legislativo a su partido

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no se ha quedado callado ante la avalancha de críticas que ha recibido por parte de partidos políticos y asociaciones sobre su propuesta de retirar a los indigentes de la calle. Ante las acusaciones de los socialistas, que ayer compararon la petición del alcalde con la ley de vagos y maleantes que se aplicaba en el franquismo, Gallardón subió el tono y replicó con dureza. El debate sobre los sin techo ha servido, además, para que se surja la primera brecha antes de las elecciones entre el regidor y la presidenta de la Comunidad, que hasta ahora habían cerrado filas y mostrado una imagen de sintonía. "No soy amiga de las prohibiciones", dijo Esperanza Aguirre

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Gallardón reiteró ayer que su propuesta para que el Parlamento español apruebe una ley que permita a los policías retirar a los indigentes de la calle responde a una cuestión de dignidad, y no de estética de la ciudad. El alcalde cuantificó el número de personas que diariamente duermen en las calles en la ciudad de Madrid: entre 500 y 600 personas. De ellas, un 40% "tiene problemas mentales o de adicciones", según Gallardón. "Esta es una realidad. Frente a ella se puede decir que como es su voluntad les tenemos que olvidar. Pero esa no es mi opinión. Estamos obligados a acercarnos a estas personas", continuó el alcalde, que aseguró que el Ayuntamiento tiene los medios necesarios para ocuparse de todos los sin techo de Madrid. Y acabó atacando, y atribuyendo al PSOE de la República la redacción de la ley de vagos y maleantes."Esta ley no es franquista, sino socialista", acusó Gallardón. Se refería a la que se promulgó en agosto de 1933 cuando era presidente del Gobierno Manuel Azaña, apoyado por el PSOE. Hacía referencia, entre otros, a "vagos, rufianes, proxenetas, mendigos, ebrios y toxicómanos habituales" y les imponía castigos como el internamiento en centros de trabajo o colonias agrícolas. En julio de 1957 fue modificada por la dictadura franquista. En agosto de 1970 se sustituyó por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que se refería también a este colectivo. En 1991 la fiscalía decidió que no se aplicase y se derogó cuatro años más tarde, en 1995.

El candidato socialista a la alcaldía, Jaime Lissavetzky, dijo ayer estar "sorprendido" por la "deriva electoralista" de Gallardón, que está "descentrado políticamente". Recordó que el alcalde lanzó la propuesta en una comisaría, durante un acto sobre seguridad, por lo que está claro, según el aspirante socialista, que relaciona una cosa con otra, informa Elena G. Sevillano. "Pese a que lo intenta, no va a desviar la atención de lo que interesa a los ciudadanos de Madrid", añadió.

Las declaraciones del alcalde han servido para que Aguirre se desmarque de Gallardón por primera vez en esta precampaña, informa F. Javier Barroso: "No soy amiga de las prohibiciones. Hay muchos ciudadanos que consideran que se estaría muchísimo mejor durmiendo en un albergue que durmiendo al raso y, sin embargo, hay otros que no lo estiman así. Eso no quiere decir que, por opinar eso, que nos parece a todos muy raro, vayamos a privarles de sus derechos". La presidenta aseguró que no pediría un cambio legislativo a su partido, como anunció Gallardón. "El hecho de que no quieran aceptar esos servicios municipales es algo que muchos no compartimos y no comprendemos, pero es un hecho real, no hay que asomarse a la calle, no ya en Madrid, en todas las ciudades más avanzadas del mundo", explicó Aguirre.

La ministra de Sanidad y política Social, Leire Pajín, también reprochó ayer la propuesta: "Hay que recordarle que cualquier ciudadano no pierde derechos por precaria que sea su situación". La ministra apostó por otras formas para afrontar el problema, como las que ha visto en Sevilla, Palencia o Zaragoza, consistentes en "centros de día o acompañamiento social". Pajín recordó que su departamento financia -con las aportaciones de los ciudadanos en el IRPF para fines sociales- programas que atienden a estas personas y afirmó, como última crítica, que "nunca" ha creído "en políticas populistas y estéticas". Por su parte, la Federación de Entidades de apoyo a las personas Sin Hogar (FEPSH) se mostró ayer "alarmada" por la propuesta del alcalde, al considerar que la iniciativa revela "un preocupante desconocimiento" sobre la realidad social de las personas sin hogar, informa Efe.

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