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miércoles, 6 de abril de 2011

El Ejecutivo acaba con la duplicidad en los órganos encargados de la Competencia

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, valoró ayer que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno por el que se crea y regula la nueva Autoridad Vasca de la Competencia, abaratará el coste de esas funciones al terminar con una duplicidad existente desde que en 2005 se crearon dos organismos diferentes.

El Gobierno ha legislado siguiendo dos indicaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que llevan implícitas sendas críticas al modo en que el Ejecutivo anterior actuó. El tripartito puso en marcha en 2005 el Tribunal Vasco de la Competencia por decreto, mientras el citado órgano auditor vino a indicarle que la utilización de una ley habría hecho posible una discusión parlamentaria que con la vía del decreto quedó hurtada. El mismo Tribunal Vasco de Cuentas criticó que un decreto posterior, de 2008, hubiese mantenido la dualidad del modelo organizativo, no coincidente con el estatal, integrado por el Tribunal de la Competencia y el Servicio Vasco de la Competencia.

La nueva Autoridad extinguirá tanto el Tribunal como el Servicio actuales

El proyecto de ley que el Parlamento debatirá ahora supone la extinción de ambos y su sustitución con una única entidad, denominada Autoridad vasca de la Competencia. Aguirre resaltó el avance que supone la unificación en un mismo organismo de la labor de la instrucción y la de resolución. Esa situación facilitará, dijo, la mejor coordinación entre el cuerpo de inspección y el que debe dictar las resoluciones, a la vez que garantiza la independencia entre una y otra.

El proyecto prevé una dirección de investigación, con personal independiente y dedicación a tiempo completo, y crea además una secretaría general que ofrecerá apoyo técnico y asesoría jurídica. La presidencia y el Consejo completan los órganos de la Autoridad. La presidencia, los vocales del Consejo y la dirección de Investigación los nombrará el Gobierno y tendrán un mandato de seis años, de modo que habrá continuidad de un Ejecutivo a otro.

A los integrantes del Consejo no se les exigirá exclusividad en el desempeño de sus cargos, como modo de que se haga posible la incorporación a él de "profesionales de reconocido prestigio" que puedan prestar su colaboración, pero no lo harían al coste de abandonar su ocupación principal.

Los miembros de la Autoridad de la Competencia tendrán la condición de agentes de la autoridad y podrán realizar inspecciones, incluidos los domicilios del personal de las empresas investigadas, siempre bajo autorización judicial. Esa condición obliga también a las personas físicas y jurídicas a colaborar con ellos.

El nuevo organismo deberá estar en marcha en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley por el Parlamento.

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