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Los escándalos que afectan al PP

Anticorrupción pide imputar a Camps y su cúpula por seis delitos de corrupción

El fiscal señala al vicepresidente Rambla y a la presidenta de las Cortes Valencianas

El caso Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP valenciano. El anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de 11 cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con penas de prisión e inhabilitación.

La fiscalía punta a 11 altos cargos e indica que hay más implicados

Anticorrupción ha solicitado igualmente la imputación del vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por dos supuestos de financiación ilegal (técnicamente delito electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García, tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho y delitos electorales. A Pedro García, ex director general de Canal 9, por delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho. Al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. A Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra la Administración Pública y cohecho. Y a Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por financiación ilegal.

La fiscalía quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue las actividades de la trama en Valencia y la aparente connivencia de la Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a unas mismas personas; guardan evidente analogía entre sí, y se enmarcan dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas, coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".El ministerio público solicita imputar también a seis miembros de la trama: los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como a Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. Y a los empresarios del sector de la construcción que supuestamente se dedicaron a financiar, utilizando como vehículo a la sociedad de la red Orange Market, los macroactos electorales del PP. En el año 2007, cuando Camps ganó las elecciones, y en 2008, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, se presentó sin éxito a presidir el Gobierno.

A dos de los constructores los menciona por sus nombres. Se trata de Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos, imputado también el caso Brugal, la trama de basura de Alicante que también afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Y de Enrique Gimeno, presidente de FACSA. Respecto a los demás, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada los menciona como los "gestores efectivos": Grupo Sedesa (que en aquel momento estaba dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat, consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y ex director general de la Policía); Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf y Lubasa.

La mecánica de la supuesta financiación ilegal funcionaba, tal y como figura en la investigación del caso, a cuatro bandas. Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia El Bigotes, preparaba los actos electorales del PP. Las constructoras supuestamente abonaban su coste a la trama corrupta. Y el Consell premiaba a estas empresas colaboradoras con adjudicaciones millonarias de obras públicas.

Durante casi dos años, la vasta vertiente valenciana del caso Gürtel ha permanecido prácticamente dormida. En gran medida por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido entonces por Juan Luis de la Rúa, de archivar en 2009 la causa de los trajes con una interpretación del delito de cohecho pasivo impropio que incurría en error de ley, según estableció el Tribunal Supremo en la dura corrección con la que reabrió el caso en mayo pasado.

Aquella decisión del tribunal valenciano no solo ha demorado durante dos años la causa de los trajes (que vuelve a estar ahora prácticamente donde estaba entonces) sino que se adoptó cuando acababa de llegar a Valencia la primera inhibición de Pedreira, que abría la posibilidad de enjuiciar a Camps, Costa, Campos y Betoret por cohecho propio, dejándola en una especie de limbo.

Una vez reabierto (e instruido) el caso de los trajes; superadas las cuestiones de competencia sobre las dos inhibiciones dictadas por Pedreira, y resueltos los recursos que presentaron en el Tribunal Superior de Madrid miembros de la trama y del PP (que en la causa principal de Gürtel está personado como acusación), el tribunal valenciano debe decidir ahora si, como solicita la fiscalía, une todos los delitos en un solo proceso, acumula solo algunos de ellos, o retoma las instrucciones de forma aislada.

Es probable, por tanto, que el tribunal ordene la suspensión del caso de los trajes para acumularlo con otros delitos. Esa decisión implicaría retrasar durante meses la apertura de juicio oral contra Camps. Pero supondría que el presidente y los otros tres imputados por cohecho pasivo impropio estarían imputados por un delito más grave, penado con cárcel de uno a seis años según su modalidad.

En las alegaciones conocidas ayer, la fiscalía recuerda que aparte de los 11 cargos a los que menciona explícitamente, existen indicios de que el número de miembros de la Generalitat implicados sería mayor. "En relación con la contratación con la Generalitat valenciana [con las empresas de la trama] y las personas que habrían podido participar en las mismas, conviene destacar que las irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías, así como que en alguno de los casos era preceptiva la autorización por el gabinete del presidente". "Habrían participado", prosigue, "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar".

Anticorrupción dedica un apartado especialmente amplio al exdirector de Canal 9, que era al mismo tiempo un estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de El Bigotes. Para celebrar el cumpleaños de Pedro García, Álvaro Pérez le preparó una fiesta sorpresa en Marraquech, a la que se trasladaron en el avión privado de Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa, para quien la fiscalía parece solicitar la imputación, aunque sin referirse a él por su nombre.

El ministerio público se detiene en la adjudicación de la cobertura de Canal 9 durante la visita del Papa a Valencia en 2006, que atribuye directamente a Pedro García "como director general de ese ente con una empresa cercana a Francisco Correa". Se trata de Teconsa, la firma del sector de la construcción que obtuvo el contrato de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía de la cobertura, a pesar de no tener experiencia en el sector, por un importe de 7,4 millones de euros. La trama, según la investigación, logró embolsarse en pocos días tres millones de euros. Y Francisco Correa habría destinado parte de ese dinero a comprar su chalé de Ibiza.

"En toda la contratación llevada a cabo por la Televisión Valenciana con motivo de la citada visita [del Papa] se han detectado numerosas irregularidades, conforme expone la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado en informe de 7 de octubre de 2010", señala la fiscalía.

Precisamente por esgrimir durante un debate parlamentario con Camps otro informe, en este caso de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que detallaba cómo la red Gürtel sacó tajada de la breve estancia de Benedicto XVI en Valencia, el portavoz parlamentario Ángel Luna se sentará el martes en el banquillo. Después de que Luna mostrara el documento en la Cámara, el PP le denunció por revelación de secretos, ya que el informe se hallaba bajo secreto de sumario. El juez Juan Montero sobreseyó esa acusación, pero decidió enviar a Luna a juicio por un supuesto encubrimiento: entorpecer la identificación de quien le hizo llegar el documento.

Después de la recepción de las dos inhibiciones de Madrid y de las alegaciones presentadas por el ministerio público, la situación judicial del presidente Camps y del resto de implicados, la mayoría de ellos confirmados como candidatos a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, se complica sobremanera. Aunque a corto plazo puede suponer incluso un respiro (si los nuevos delitos se acumulan con el caso de los trajes, la instrucción judicial se demorará durante meses), a medio plazo el caso Gürtel está llamado a marcar la nueva legislatura como ya ha marcado la segunda parte de la actual. Si las encuestas aciertan y el Partido Popular gana las próximas elecciones, la sombra de la actividad judicial afectaría no solo al presidente sino a un buen número de diputados.

Y no se tratará de trajes. La financiación ilegal, por ejemplo, está castigada en la Ley Electoral con penas de uno a cuatro años de cárcel.

Cargos del PP implicados en la rama valenciana de Gürtel

- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho impropio en el caso de los trajes pero la fiscalía apunta que la "valoración conjunta" con los supuestos delitos electorales y de tráfico de influencias puede agravar el tipo de su imputación. La fiscalía recuerda que los regalos a Pedro García, relacionados con las comisiones ilegales en RTVV, se compraron en los mismos establecimientos que los de Camps y los otros tres imputados por los trajes. También señala que, en las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel, "en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente."

- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes Valencianas era consejera de Turismo cuando en 2005 le otorgó a Orange Market, terminal valenciana de la trama, el primer contrato para el pabellón valenciano en Fitur. La Fiscalía Anticorrupción considera que su participación "deberá ser investigada por el tribunal". Martínez recibió regalos de la red de corrupción, como un reloj de lujo.

- Vicente Rambla. El vicepresidente primero del Consell figura implicado en los supuestos delitos electorales por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales de 2008.

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- Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico está imputado con Camps en el caso de los trajes, que está a punto de ser enviado a juicio por el juez instructor, José Flors. Costa también sería responsable, según la Fiscalía Anticorrupción, de los supuestos delitos electorales cometidos por el PP valenciano en complicidad con la trama Gürtel y ocho empresarios, a quienes el ministerio público también pide imputar.

- David Serra. El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las campañas del partido a través de la red Gürtel.

- Yolanda García. La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos delitos electorales de los años 2007 y 2008.

- Pedro García. El ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que dimitió en agosto de 2010 tras hacerse públicas las irregularidades en el canal autonómico, habría cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, un delito contra la Administración pública. El escrito se refiere al contrato que RTVV adjudicó a la empresa Teconsa para la instalación de pantallas de vídeo y sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue por un importe de 7,5 millones de euros y la trama habría obtenido 3,3 millones en comisiones ilegales, de los que una parte habría ido a parar al propio García. Según el ministerio público, a Pedro García le fueron regaladas prendas de vestir por parte de la trama de la misma manera que a Francisco Camps. Entre la información recogida en el sumario, hay un informe policial sobre el regalo a Pedro García de un automóvil por parte de la trama Gürtel.

- Víctor Campos. El exvicepresidente del Consell está imputado formalmente por el juez Flors en el caso de los trajes junto al presidente Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret. A Campos le reclama la fiscalía la multa de menor cuantía, 34.250 euros, frente a 42.00 que pide para Camps, Costa y Betoret.

- Rafael Betoret. el ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez como consejera de Turismo, en la actualidad responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, habría intervenido en la contratación de Orange Market para los pabellones valencianos en los certámenes de Fitur. Es también uno de los cuatro imputados por el juez Flors por los regalos de prendas de vestir recibidos de la trama corrupta.

- Luis Bárcenas. El exsenador y extesorero nacional del PP, que dimitió a causa del escándalo generado por el caso Gürtel, está involucrado en los delitos electorales del PP valenciano de las campañas de 2007 y 2008, según la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas era el responsable legal de las campañas, debido a la estructura centralizada del PP.

- Cristina Ibáñez. Era la apoderada del PP en Valencia en la campañas electorales en las que la investigación ha aportado indicios de financiación ilegal.

- El "cantante" y el "príncipe". La investigación no ha podido aclarar hasta ahora la identidad de dos personas que figuran con esos apodos en los apuntes contables de la trama y que supuestamente habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".

- Más imputados. Además de los cargos del PP, la fiscalía pide la imputación de seis miembros de la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. También implica a ocho empresarios valencianos.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de abril de 2011

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