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Demanda de la Abogacía del Estado a Sortu / CRISTÓBAL MANUEL
Promotores de Sortu utilizaron una cuenta bancaria de la Caja Laboral Popular para depositar fondos con destino a ayudar al colectivo de presos de ETA, según la demanda que la Abogacía del Estado presentó ayer ante el Tribunal Supremo, en la que solicita la denegación de la inscripción en el Registro de Partidos Políticos.
Iñigo Zapirain, uno de los presuntos terroristas detenidos el martes, ha confesado ante su abogado de oficio la participación del comando de ETA del que formaba parte en al menos 14 atentados, con dos víctimas mortales: el inspector de policía Eduardo Puelles, y el brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz.
Prosigue el goteo de intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que contaron con ayudas públicas en Andalucía. La Junta llevó ayer al juzgado 33 nuevos casos de personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas y que sin embargo percibieron pagos fraudulentos.
La entrevista publicada ayer por EL PAÍS con el ex director general de Empleo Javier Guerrero, causó conmoción en los tres partidos representados en el Parlamento andaluz. La radiografía que hace Guerrero de la ausencia de control de los fondos públicos fue utilizada por la oposición para cargar con extrema dureza contra el Gobierno autónomo.
El presidente de la empresa Sufi, SA, Rafael Naranjo, afirmó ayer ante el juez Antonio Pedreira que pagó 1,6 millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de los directivos de la red Gürtel, según explicaron ayer fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.
No es de extrañar que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, por muy leal que sea al PSOE y a su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, trate de hacer una campaña y una política autonómica alejada de La Moncloa. Y tampoco sorprende que el presidente del PP, Mariano Rajoy, y todo el partido, se vuelquen en conseguir la victoria para su candidata.
El presidente catalán, Artur Mas, avisó ayer a Zapatero de que Cataluña no "pagará" las decisiones que tome sin consultar sobre competencias ya transferidas, como por ejemplo la reducción de las tarifas de Renfe. "Madrid decide, nosotros pagamos y encima nos pide que nos rebajemos el presupuesto.
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