Aguirre presionó para quitar los incentivos a Blesa

"Algo tuvo que pasar durante el fin de semana para que Caja Madrid cambiara su propuesta de retrasar el pago de incentivos decidida el viernes por la de suprimirlo el lunes". Lo que pasó es que, cuando el sábado los medios de comunicación informaron de que la Comisión de Remuneración de la entidad propondría al consejo de administración del día 14 de febrero el retraso de la retribución (24,9 millones de euros) para 10 altos directivos de Caja Madrid, incluido el expresidente Miguel Blesa, hasta que se devolviese el préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Gobierno de la Comunidad de Madrid maniobró. Su presidenta, Esperanza Aguirre, llamó al presidente de la caja, Rodrigo Rato, y el consejero de Economía, Antonio Beteta, analizó con el secretario de la entidad, Miguel Crespo, los resortes jurídicos para cambiar el aplazamiento por una supresión de los bonus.

Los afectados se han enterado por la prensa de que no cobrarán el bonus

Aguirre ha visto una oportunidad para sacar réditos electorales

"Mucha importancia debe tener Blesa para volcarse a fondo como han hecho"

El episodio evidencia que el poder político sigue fuerte en las cajas de ahorros

Los contactos se produjeron durante el fin de semana. Los servicios jurídicos decidieron apelar a la directiva europea 2010/76, que permite suspender este tipo de planes a empresas del sector financiero que hayan recibido ayudas o créditos públicos. Ese es el caso de Caja Madrid, aunque España todavía no ha adaptado esa normativa y dependerá de si el Gobierno la aplica con carácter retroactivo.

Una vez aclarado el panorama, el secretario del consejo introdujo en el orden del día la votación de tres propuestas: la aprobada el viernes anterior de aplazar el pago de los incentivos; abonarlos porque fueron aprobados en 2007 por el consejo, o no reconocerlos y no pagarlos. Rato, que había dejado avanzar el debate, tomó la palabra para apoyar la tercera opción con un argumento: "Con la situación actual de fusión, reestructuración interna, crisis económica y el objetivo de reducción del gasto, no tiene sentido mantener un plan de incentivos como éste para la alta dirección y mucho menos abonarlo". Por similares circunstancias, el anterior equipo había decidido no ampliar el incentivo a 26 directivos.

La postura de Rato no pilló por sorpresa a los fieles a Aguirre ni asombró al resto. Zanjó la cuestión y consiguió aprobarla por unanimidad. El consejo decidió "finalizar, no renovar y no reconocer" los derechos de cobro del plan de incentivos a largo plazo (ILP) del anterior presidente y nueve directivos. Alguno aún está aún en la caja. En el debate, intenso pero no bronco, se aclararon las posiciones. Los representantes de la Asamblea madrileña del PP, con Ricardo Romero de Tejada como principal defensor, alentaron fervorosamente esa postura; los del Ayuntamiento de Madrid, también del PP, pusieron algunas pegas. Se rememoraron no muy lejanas batallas entre ambas facciones. Mercedes de la Merced, de este segundo grupo, se preguntó en voz alta si, por la misma razón, no tendrían que devolverse las dietas desde 2007. Todos callaron. El paroxismo se alcanzó cuando el representante socialista José María de la Riva afirmó que no recordaba que el consejo hubiera aprobado el pago y le pidió al secretario que se lo leyera.

El episodio no acabó ahí. Como es preceptivo, la decisión se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin embargo, en el primer hecho relevante se mantuvo el aplazamiento, lo que originó el lógico alboroto. Horas después, se emitió un nuevo hecho relevante más explícito.

La resolución, por otra parte, no ha sido notificada a los afectados, que únicamente han recibido la información por la prensa. Fuentes consultadas de este entorno sospechan que nunca se notificará por la sencilla razón de que "si lo hicieran, estarían reconociendo la existencia de un derecho aprobado por el consejo y lo que han hecho ahora es no reconocer el ILP".

El citado ILP no es un bonus, que se liquida en metálico. Es un complemento a la jubilación que se cobra en diferido a través de un plan de previsión social complementaria, que solo se puede liquidar tras la jubilación. Es un incentivo de fidelización que se hizo para evitar la marcha de directivos a la competencia. Por eso está ligado a objetivos (permanencia en la entidad, en el puesto, balance y beneficios). El sistema lo elaboró la Comisión de Retribución -compuesta por José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y Guillermo Marcos (independiente)- y lo aprobó el consejo de Caja Madrid por unanimidad en 2007. La aportación del fondo debería depositarse el próximo 31 de marzo en Allianz y lo podrían rescatar al jubilarse tanto los directivos que estuvieran en la entidad como los que hubieran sido despedidos de forma improcedente. En caso de dejar la caja por voluntad propia, se pierden los derechos.

El cálculo, según los afectados, se haría de acuerdo a la evolución de los resultados desde 1997 hasta 2010 (10.688 millones atribuidos). Fuentes de la dirección actual aseguran, sin embargo, que se calculaba entre 2007 y 2010.

La anulación abre la puerta a reclamaciones. No se espera que los afectados se muevan hasta que acabe el periodo previsto, aunque se da por descontado que Blesa y los que no están en la caja lo harán. Fuentes jurídicas sostienen que tienen muchas posibilidades, aunque dada la elevada cuantía cabe que el juez lo considere desorbitado. Otro dato que aportan esas fuentes es que el FROB no condiciona la política salarial ni las dietas y dudas el efecto retroactivo de la directiva europea.

No lo ven así los asesores de Rato y Aguirre, que creen que encontrarán la complicidad del Gobierno para adaptar la directiva y que se aplique el efecto retroactivo. Cuentan con que la ministra de Economía, Elena Salgado, ha subrayado que deberán limitarse los sueldos e incentivos si hay ayudas.

Mientras tanto, en el entorno financiero ha corrido la pólvora. "Mucha importancia deben tener Blesa y compañía para volcarse a fondo como lo han hecho", comenta una fuente financiera, que recuerda que Rato, a quien Blesa le comunicó la existencia del incentivo, dijo que no iba a mirar al pasado. Lo ha hecho. ¿Qué gana con este follón? ¿A quién le interesa más, a él o a Esperanza Aguirre? Evidentemente, parece que a Rato poco o nada. Está metido en una integración con seis cajas más y la constitución de un banco para colocar en Bolsa. ¿Cómo es posible entonces que haya puesto a tanta gente a los pies de los caballos -inversores, directivos de la entidad, responsables de las cajas con las que va fusionarse- con el desgaste que eso tiene? No es un panorama alentador para atraer inversores. ¿Entonces por qué lo saca ahora? ¿Se le ha ido de las manos? Fuentes de Caja Madrid justifican que "el consejo debía aprobar las cuentas de la entidad para presentarlas a la asamblea y en ellas se tendría que reflejar el pago, porque vence el 31 de marzo". Pero eso no explica la filtración, a no ser que "en su entorno hayan querido hacer olvidar que unos días antes el FMI criticó a Rato por su gestión en el organismo" o haya salido de otra órbita.

Muchos apuntan al entorno de Aguirre, que ha tratado de sacar réditos electorales, además de darle la oportunidad de vengarse de Blesa, con quien mantuvo un largo enfrentamiento antes de su marcha, aunque su objetivo era colocar a su vicepresidente, Ignacio González. Fuentes próximas a Aguirre niegan este extremo, pese a que admiten la intervención de Beteta y de la presidenta. A todo esto, se pone en evidencia que el poder político sigue fuerte en las cajas, pese a las advertencias del Banco de España, que en este asunto se ha puesto de perfil.