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Reportaje:

Notable en poder, cero en maltrato

Latinoamérica ha alcanzado grandes cotas en formación y representación de las mujeres - Pero las agresiones machistas y la impunidad lastran los avances

"Del dicho al hecho". El lema del informe elaborado en 2009 por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (Cepal) sigue resumiendo muy bien el principal problema con el que se enfrentan, ya bien entrado el siglo XXI, las mujeres de ese continente: en los últimos 10 años se han experimentado avances muy importantes en las legislaciones que reconocen sus derechos y condenan la violencia machista, pero, en la práctica, las autoridades, jueces incluidos, no aplican esas normas con suficiente rigor ni persistencia como para que las cifras explosivas de maltrato, abuso y discriminación hayan experimentado un retroceso aceptable. La impunidad de sus agresores sigue siendo en la mayoría de los países de América del Sur, Centroamérica y Caribe la peor pesadilla de las mujeres.

En México sufre violencia física el 35% de las mujeres; en Bolivia, el 52%

En Centroamérica dos de cada tres asesinadas mueren por ser mujeres

Once países han aprobado leyes que establecen cuotas electorales

Argentina y Brasil aún penalizan la interrupción del embarazo

Esa realidad convive con otra: en América Latina ha habido hasta el momento nueve mujeres que alcanzaron la presidencia de su país, tres de ellas, en Argentina, Brasil y Costa Rica, en ejercicio; la directora de Naciones Unidas para la Igualdad de Género es la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y se ha producido un aumento espectacular en el número de parlamentarias. Mejor aún, un 55% de las latinoamericanas de 20 a 24 años ha completado la educación secundaria (mientras que solo lo ha conseguido el 49% de los hombres). Incluso en las zonas rurales, en las que la extensión de la secundaria es mucho menor, el promedio de mujeres de esa edad que ha alcanzado ese grado supera notablemente al de los hombres (31% frente al 26%).

El menor porcentaje de paro y, sobre todo, las transferencias de recursos puestas en marcha por los Gobiernos de varios países, como Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador o Bolivia, que tienen sistemas de ayudas a la familia, han disminuido los índices de pobreza extrema y mejorado las condiciones de salud y educación de la infancia, niñas incluidas.

Sin embargo, esas mejoras no impiden que América Latina siga siendo la región con mayores desigualdades ni que sea una de las zonas más peligrosas del mundo para las mujeres, tanto por el feminicidio y casos graves de maltrato, como por el alto porcentaje de abusos sexuales en el entorno familiar, la mortandad maternal y el gran número de abortos clandestinos a los que obligan las omnipresentes legislaciones contrarias a la interrupción legal del embarazo. Cuatro millones de abortos ilegales y 4.000 muertas al año no consiguen torcer el brazo a las poderosas iglesias católica y evangélica.

Entre el 39% y el 42% de las mujeres peruanas confiesa, por ejemplo, haber sido víctima de violencia física por parte de su pareja o marido, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. "Las agresiones recibidas por las víctimas fueron empujones, golpes, patadas, ataques o amenaza con cuchillo u otra arma, además de ser forzadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, entre otras formas de violencia física y psicológica", asegura el documento, que analizó una encuesta realizada entre 24.000 mujeres.

"La última vez que Keiko Tamaca, de 14 años, vio a su enamorado, William Chiroque, de 18, fue cuando le apuntaba con una pistola de 9 milímetros, ebrio de celos por haberla visto conversando con otro muchacho", relata un diario local. La adolescente fue una de las dos o tres menores de 18 años que mueren asesinadas cada mes en Perú. "Reproducen patrones de conducta que ven en casa", explicaba en el periódico la psicóloga Tesania Velázquez.

Aunque no hay estadísticas fiables para el conjunto de la región, los datos parciales que van facilitando organismos especializados de los distintos países son escandalosos. El 35% de las mujeres mexicanas sufre violencia física; 39% en Colombia; 31% en Ecuador y hasta un 52% en Bolivia. En Chile, en 2002, se calculaba que solo el 3,8% de los casos denunciados terminaba en condena. En Brasil, señalan algunos estudios, el 10% de las mujeres del área urbana y el 14% de las mujeres del área rural han sufrido violencia sexual. En Centroamérica, dos de cada tres asesinadas son víctimas de un crimen machista, es decir, mueren por ser mujeres.

En el mejor de los casos, asegura la Cepal, en la hipótesis más leve, una de cada diez mujeres de Latinoamérica sufre violencia física, "que se manifiesta desde golpes hasta violencia severa con amenaza de muerte junto con una fuerte violencia psicológica y, muchas veces, con violencia sexual". En solo siete países se han aprobado leyes específicas sobre la violencia contra las mujeres (la Venezuela de Hugo Chávez, entre ellos), siguiendo la estela de la ley llamada María Pehna, aprobada en Brasil en 2006. (María da Pehna es una farmacéutica brasileña cuyo marido intentó asesinarla en dos ocasiones y terminó dejándola parapléjica. 15 años después de aquellos hechos, el agresor seguía en libertad, amparado por jueces que dilataban el proceso. La nueva ley consiguió al fin llevarle a prisión.

Nadie puede negar que en América Latina el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones políticas ha crecido de manera muy notable en la última década. Nueve países (entre ellos Bolivia, con el Gobierno de Evo Morales) han aprobado leyes a favor de la igualdad. El promedio regional de mujeres diputadas es del 20,7% (lo que supone oscilar entre el 40% de presencia femenina en el Parlamento argentino, al 9% que existe en Colombia).

El aumento del promedio se debe a que 11 países has aprobado leyes que establecen cuotas en las listas electorales, aunque en solo cuatro casos existe el llamado "sistema cremallera" que impide que las mujeres sean ubicadas al final de la lista. En los casos en los que no existen cuotas, como en las alcaldías, por ejemplo, el desfase sigue siendo muy importante: la presencia femenina no llega al 6,8%, según la Cepal. En el sistema judicial, el avance es desesperantemente lento: solo el 19% de los jueces de los tribunales superiores y cortes supremas son mujeres.

Muchas de las cifras que reflejan la evolución positiva de los derechos de la mujer van acompañadas por otros datos alarmantes. La tasa global de fecundidad bajó de 5,9 hijos en los años cincuenta a 2,4 en el primer lustro del nuevo siglo, pero el embarazo de las adolescentes prácticamente ha duplicado su aporte a la fecundidad total, pasando de un 8,5% en 1950 a un 14,3% en 2005. La mortalidad materna se redujo en un 28% desde 1990, pero aun así demasiadas mujeres siguen muriendo de parto en América Latina: 130 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos es una cifra que está muy por encima del quinto objetivo del Milenio, pero que no resulta extraña si se constata que el 80% de las mujeres pobres de Bolivia, o de Haití, dan a luz fuera del sistema hospitalario.

El difícil cambio cultural en todo lo relacionado con la situación y los derechos de la mujer en América Latina brilla con todas sus contradicciones en países como Chile, que lleva años en una sólida progresión económica pero que ha sido el último del mundo, en noviembre del 2004, en aprobar una ley que regulara el divorcio. O en Argentina, con la tradición educativa e igualitaria más fuerte de toda la región, presidido en la actualidad por una mujer, pero que no ha logrado despenalizar el aborto voluntario, algo que tampoco pudo hacerse en Uruguay, pese a que desde 2005 gobierna un amplio frente de izquierdas. Ni tan siquiera Dilma Rousseff, heredera de Lula, ha dado señales de ir a presentar una ley en ese sentido, pese a que algunas de las clínicas brasileñas especializadas en abusos sexuales estén denunciando, desde hace años, que casi la mitad de los casos que tratan involucra a niñas menores de 12 años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de febrero de 2011