El caciquismo no se acaba en un día

Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando quedaban cinco días para las elecciones.

Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como candidatos.

Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos

No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos por su segunda residencia.

La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tránsfugas en los ayuntamientos que controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y callar.

Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500 vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.

Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público, 14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor inmobiliario en su propio municipio.