La alcaldesa de Manilva se niega a declarar sobre el enchufismo

La alcaldesa de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes), Antonia Muñoz, de IU, se acogió ayer a su derecho a no declarar en el juzgado de Estepona al que acudió como imputada por varios delitos contra la administración pública. La regidora fue denunciada en 2009 por el comité de empresa municipal por "generar un sistema de corruptelas" en la contratación de personal municipal y en su remuneración. Según la denuncia, presentada por el sindicato UGT, Muñoz "favoreció a determinadas personas como premio al apoyo político que recibió de ellas".

La alcaldesa estaba citada ayer a las 11.00 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, cuya titular, Isabel Conejo, instruyó el caso Astapa por corrupción municipal en Estepona. Aunque llegó puntual, Muñoz apenas permaneció 15 minutos en la sede judicial. A la salida, informó a los periodistas de que había rechazado declarar porque no ha dispuesto de tiempo suficiente para preparar la defensa.

La regidora aseguró que antes de que termine febrero responderá "por escrito" a las cuestiones planteadas por la juez Conejo. "Aportaré toda la información sobre mi gestión en estos cuatro años", afirmó. La comparecencia de ayer se produce después de que el pasado enero la juez rechazara el recurso interpuesto por la alcaldesa contra su imputación y que obligó a suspender la declaración prevista el pasado 4 de octubre. Según la juez, la investigación se encuentra en una fase inicial y busca "esclarecer si se ha producido un quebrantamiento en la legislación vigente en la contratación de funcionarios temporales, en la creación y atribución de plazas de funcionarios municipales y en la creación de entidades públicas empresariales".

Antonia Muñoz dirige uno de los municipios con la vida política más convulsa de la provincia. El municipio, que duplicó su población en la época del boom inmobiliario acarrea una deuda de 30 millones que impide a la plantilla cobrar sus nóminas con puntualidad. Según la alcaldesa, la denuncia sobre esta supuesta red de clientelismo político es "una moción de censura encubierta, como la de hace cuatro años".