Vivienda detecta fraudes solo en el 4% de las 9.300 VPO inspeccionadas
La consejería abre 356 expedientes sancionadores en los dos últimos años
Aunque la percepción pueda ser otra, los datos estadísticos no muestran un significativo fraude en las viviendas de protección oficial (VPO) en Euskadi. Menos del 4% de los 9.385 pisos protegidos inspeccionados durante los dos últimos años, 2009 y 2010, han acabado con la apertura de expedientes sancionadores, según los últimos datos del Departamento de Vivienda. Un total de 128 casos han sido resueltos con una sanción económica (el monto global ha sido de casi 300.000 euros) y otros 228 están pendientes de resolución.
La situación de las VPO ha vuelto al debate público, con la presentación a finales de enero del anteproyecto de ley de vivienda. Una de las medidas novedosas del documento, que este año será objeto de debate social y posteriormente en el Parlamento, es el endurecimiento de los requisitos para los propietarios hasta el punto de que se contempla la expropiación para los que durante dos años dupliquen los ingresos para acceder a una VPO (actualmente hasta un máximo de 35.000 euros anuales).
Las denuncias de vecinos por ilegalidades son muy escasas
La multa media por no usarla o alquiler ilegal es de 3.700 euros
La crisis provoca abandonos de VPO por no poder pagar el agua o la luz
Además, el documento incrementa significativamente las multas: las muy graves, ahora entre 1.500 y 6.000 euros pasan a una horquilla de entre 90.000 y 900.000 euros. Las actuales cuantías están basadas en las leyes estatales de 1968 y 1978, al carecer Euskadi de una normativa específica de vivienda.
Estas faltas muy graves son las que se aplican habitualmente en Euskadi en las inspecciones de las VPO, ya que se refieren a las dos principales infracciones que se cometen: la no ocupación de un piso protegido de manera habitual y permanente y el alquiler a terceros sin el permiso del Departamento de Vivienda. "La mayoría de las infracciones es por no ocuparlo", explica un técnico de Vivienda. A principios de la década, otra de las ilegalidades recurrentes eran las compraventas de VPO pero está práctica se cortó de raíz una vez que los notarios empezaran a avisar a la Administración cuando se producían dichas operaciones.
Los datos de Vivienda revelan que desde el año 2000 se han incoado casi 1.700 expedientes sancionadores y el importe de las multas alcanza en todo ese periodo los casi 1,4 millones de euros. En estos últimos 11 años, se han inspeccionado 47.979 viviendas de un parque de VPO que ahora es de 64.304. El objetivo es llegar a visitar todas las viviendas protegidas que, con el ritmo actual de unas 4.700 inspecciones anuales, no se alcanzaría hasta dentro de cinco años.
Aunque la ley establece la posibilidad de la expropiación a quien reincida en ilegalidades en el uso de las VPO, es una opción que apenas se ha utilizado en estos 11 años. Según los datos de Vivienda, solo se han expropiado media docena de inmuebles. La política del Ejecutivo es la sanción económica, que habitualmente en los casos habituales de no ocupación y alquiler fraudulento (existe la posibilidad de arrendamiento por motivos laborales o de salud y durante un tiempo máximo de cuatro años), ronda los 3.750 euros. "Si hay atenuantes, se reduce a 1.500 y, con agravantes, puede llegar al máximo 6.010 euros", señala el técnico.
La multa va acompañada de una medida coercitiva para ocupar el piso protegido en un máximo de un mes y, en caso negativo, se impone una multa mensual de 1.000 euros. El hecho de que la multa media sea solo de 3.000 euros (en inmuebles con un valor medio de 120.000 euros) podría explica el gran aumento de las sanciones previstas por la nueva ley, entre 90.000 y 900.000 euros. "Normalmente, con la primera multa, el inquilino vuelve a ocupar la vivienda, aunque también se da que están un tiempo y luego vuelven a salir. Pero nos encontramos con pocos casos de reincidentes".
Los técnicos si han comprobado que, debido a la crisis económica, se han dado casos de inquilinos de VPO que han tenido que abandonar la vivienda "pero porque no podían mantenerla, al no poder paga ni siquiera el agua o la luz, y se han ido a vivir con un familiar".
Siete inspectores para vigilar
El Gobierno tiene, desde el otoño de 2008, un grupo especializado de inspectores para vigilar el correcto funcionamiento de las VPO. Anteriormente, esta labor la realizaban empresas externas. Se trata de un total de siete funcionarios, dos en Álava, otros dos en Guipúzcoa y tres más en Vizcaya.
Tienen un calendario de actuaciones para poder llegar a todo el parque de VPO (les faltan ahora casi 17.000 viviendas), realizar un seguimiento a los inquilinos que han sido sancionados y finalmente investigar las denuncias que reciben, "que son contadas. Al mes puedes tener dos o tres y, además, te encuentras de todo: desde la que te dan datos generales hasta el que te aporta el DNI del denunciado, a qué se dedica y cuándo va al piso", explica el técnico del Departamento de Vivienda.
Estos funcionarios realizan un acta de inspección de cada piso al que acuden y, en caso de que comprueben indicios de una infracción, inician una investigación más profunda requiriendo información al propietario. Si concluyen que existen irregularidades, remiten el acta al Gobierno en Lakua, donde el asunto pasa al director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, que es el competente en iniciar y resolver el expediente. En los casos de alquileres, puede volver a solicitar datos al inspector, "porque hay que tener probadas bien las presuntas anomalías", añade.
La consejería asegura que la mayor parte de los expedientes abiertos termina con la sanción y, entonces el imputado puede realizar alegaciones hasta en dos ocasiones antes de la resolución final. Luego puede recurrir de nuevo administrativamente y, si no está de acuerdo, la última instancia es la judicial. Desde el inicio del expediente sancionador, existe un plazo máximo de seis meses para resolverlo porque, una vez superado este tiempo, el caso caduca. Las infracciones en las viviendas protegidas prescriben a los tres años.
