Reforma de las pensiones
El reciente acuerdo firmado por el Gobierno, empresarios y sindicatos, formalmente llamado Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las Pensiones supone la reforma más importe del sistema público de la Seguridad Social de los últimos años, en especial en lo que respecta a la pensión de jubilación.
Tras reafirmar la importancia del diálogo social, el texto contiene una serie de medidas de distinto cariz encaminadas al crecimiento de la economía, el fomento del empleo, el equilibrio en el gasto y la viabilidad del sistema. La medida estrella es el tan esperado como temido endurecimiento de las pensiones. La crisis económica y la presión sobre la deuda pública han obligado, textualmente, "a un ejercicio de austeridad" en las cuentas públicas. Especial preocupación plantea la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de la Seguridad Social, principalmente en materia de pensiones, que obliga a adoptar medidas "de choque", cuya trascendencia ha impulsado al Gobierno a buscar apoyos.
El texto eleva la edad ordinaria de jubilación a 67 años, salvo para los trabajadores que acrediten un periodo largo de cotización, fijado en 38 años y 6 meses, que podrán jubilarse a los 65. Se amplía el periodo de cálculo de la base reguladora. También se endurecen las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Pero el propósito del Gobierno no se reduce a la reforma de las pensiones. El acuerdo incluye un nuevo plan de empleo, que prevé bonificaciones a la contratación, dirigido sobre todo a dos colectivos enormemente afectados por el paro: los jóvenes y los parados de larga duración.
Especialmente interesante resulta el compromiso de reformar el sistema de negociación colectiva, con la finalidad de racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos, potenciando la negociación en el ámbito de la empresa.
Todos los protagonistas se han congratulado del acuerdo, fruto de la capacidad de diálogo y compromiso de las principales fuerzas sociales. Apelan ahora a la solidaridad y responsabilidad de todos los colectivos a fin de afrontar el reto de la recuperación económica y del empleo, sin poner en peligro el Estado de bienestar, lo que exige asumir ciertos sacrificios.
