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La caja se aferra a sí misma

El anuncio del Gobierno fuerza a NCG a cambiar el plan de fusión

María Fernández

El vídeo más visto sobre la fusión de las cajas gallegas en Youtube, el mismo que describe a Alberto Núñez Feijóo como un malvado "Señor de las Caixas" que forja el "anillo de poder para controlarlos a todos" y quiere doblegar a Caixanova, se ha quedado anticuado. Ahora el fuego de Mordor arde en Madrid, en el Ministerio de Economía, donde Elena Salgado prepara un decreto para acorralar a la recién nacida Novacaixagalicia (NCG) y convertirla en un banco o, lo que es peor, entrar en su capital para luego trocearla a conveniencia. Aunque simplón, es el resumen que se está intentando trasladar a la opinión pública sobre la nueva situación de la caja gallega, la única de España que todavía no ha revelado cuál es su ratio de capital básico (el core capital), y que se aferrará a su carácter fundacional hasta donde le sea posible.

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Suena a una huida hacia adelante. "Es cierto que entramos en un escenario muy complicado, pero el plan de fusión, que no olvidemos, fue bendecido anteayer por el Banco de España, tenía unos objetivos marcados a cinco años. Ahora nos piden que le demos la vuelta y que lo cumplamos en meses", reflexiona José García Costas, consejero de NCG y presidente del Consello Galego de Cámaras de Comercio. La situación, reconoce, se pone más cuesta arriba que nunca. "NCG no tiene un plan b, no puede tenerlo porque ha fiado su futuro al proyecto que tendrá que cambiar", analiza un ejecutivo de la banca.

En los famosos test de estrés publicados el verano pasado, Caixanova y Caixa Galicia presentaban, según un informe elaborado por el economista Xan López Facal, activos ponderados de riesgo por valor de 46.890 millones. A partir de esta cifra, que determina el consumo de capital que necesita una entidad según un coeficiente de riesgo, se calculaba que una de las ratios de fortaleza, el Tier 1 (similar al core capital) se situaría, en el escenario más adverso, en el 4,7%. Después de la inyección del fondo de rescate, que fue de 1.162 millones, iba a aumentar al 7,2%, por debajo del 9% o 10% que exigirá el Banco de España a las cajas en septiembre. "Lo que está pidiendo el ministerio es insólito, supone inmovilizar tal cantidad de dinero que nos obliga a todas a hacer un apagón del crédito", advierten desde la caja. Otro requisito, como disminuir la dependencia de financiación del mercado mayorista por debajo del 20%, ni siquiera se alcanzará en 2015, según la auditoría que realizó la Xunta.

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Pero entidades en un aprieto parecido han reaccionado muy rápido virando rumbo a la privatización. Unnim, fruto de la fusión de las cajas de Manlleu, Sabadell y Terrassa, anunció este viernes que se convertirá en un banco porque la suma de capital y reservas no da la talla que pide el Gobierno. El SIP de Caja Madrid (con un core del 6,8%), aplaude el nuevo marco de solvencia, que asegura alcanzará sin problemas, mientras que el PP de Génova critica sin mucho énfasis el anuncio de Elena Salgado. "Después de lo que ha hecho La Caixa [salir a Bolsa] ya sabemos quién ha redactado el Decreto", reprochan internamente en NCG.

"Podemos entender que alguien quiera cambiar el poder omnímodo que han conseguido los equipos directivos, que con unos consejos a medida, realizaron auténticas aberraciones. Pero el Banco de España, obligado a perseguir esos excesos, no asume su responsabilidad", braman en la sección sindical de UGT de la caja. "El mal gobierno, tanto se hace con accionistas como sin ellos. El problema de las cajas no es de propiedad, es de gestión. Pero a mucha gente le interesa que siga este río revuelto, donde las pirañas del mercado esperan conseguir carne fresca a muy bajo precio", zanjan.

En privado, algún consejero reconoce que las nuevas medidas, que se publicarán en un decreto ley en febrero, han cogido "con el pie cambiado", al presidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, que hasta ahora se sentía respaldado por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Hace apenas mes y medio, durante la escenificación del acto de constitución de la nueva entidad, el propio Gayoso sacaba pecho señalando el proceso como "la mayor operación empresarial de la historia de Galicia, con tres millones de clientes y presencia en 13 países". Eso iba a permitir "erradicar los tópicos sobre que Galicia se encuentra en situación de letargo".

"Es un cajero, no un banquero, le está costando reaccionar", advierten voces críticas. Paradójicamente él fue el primero en defender la vía del SIP, que suponía crear un holding común con otras cajas uniendo la gestión del capital, la solvencia, la tesorería, los riesgos y la red de oficinas para volcarlo todo en un banco. Sus directivos abrazaron a finales de 2009 esa idea asegurando que aquello era "reversible" en un plazo de 10 años. Un fallo de comunicación que les costó un desmentido público del Banco de España.

Pactado el ERE para despedir a más de 1.000 trabajadores (esta semana suma 140 solicitudes y se acerca a las 800), la fusión arrancó, aunque no sin problemas internos entre los verdes (procedentes de Caixanova), y los azules, de Caixa Galicia. "Son culturas muy distintas, una más horizontal, con más autonomía, y otra más jerárquica", comenta un empleado. Como trasladó Gayoso el 11 de mayo, va a ser "la fusión más difícil de España".

Obligada a "reorientar" a toda prisa el plan de negocio, NCG sigue sin contestar a la pregunta del millón: ¿cuánto dinero necesita y cómo lo va a conseguir? En el ladrillo están 5,6 euros de cada 10 que presta. El crédito a promotores registra una morosidad del 39,8%, frente al 1,74% de las hipotecas que pagan las familias. "Hay que volver a los orígenes", recordó José Luis Pego en más de una ocasión. "Ojalá no sea tarde", responde la plantilla.

Miedo a la exclusión financiera

En la escena pública, los dos grandes partidos (PP y

PSdeG) intentan que la cosa no vaya con ellos. Los alcaldes socialistas de A Coruña y Vigo replican a Feijóo, que a su vez pide explicaciones a Zapatero. Ninguno se acuerda de la reciente Lei de Caixas de 2010, que expresa que la Xunta debe "velar por la independencia de las cajas y defender su naturaleza fundacional", un argumento que emana del Estatuto de Autonomía y que podría haber sido la excusa para anunciar un recurso contra el decreto que prepara el Gobierno. El mismo recurso que el BNG prepara tras denunciar "la política de hechos consumados" de Núñez Feijóo.

"No es una cuestión de números, estamos hablando de un cambio político para aniquilar las cajas", resumen desde los sindicatos. En juego, recuerda Clodomiro Montero, de CIG, hay muchos puestos de trabajo, porque la entrada de capital privado podría provocar una segunda ola de despidos, esta vez sin prejubilaciones con dinero público de por medio.

Además está el problema de la obra social. El beneficio de las cajas ha caído este año hasta los 144 millones, un 60% menos de lo que por separado contabilizaban Caixagalicia y Caixanova en 2008, dejando en un suspiro los recursos para cubrir necesidades básicas de los ciudadanos. En los próximos cinco años el plan de negocio contemplaba una inversión de 300 millones para estos fines. En el mejor de los casos, con la entrada de inversores privados, serán 150. "Me preocupa, y mucho, el rumbo que puede tomar la caja, que ya había perdido buena parte de esta vocación en favor de la promoción de la cultura", analiza Carmen Avendaño, miembro de la asamblea de NCG.

El miedo se extiende a la exclusión financiera, que puede aparecer si cierran oficinas de aldeas pequeñas por no ser rentables.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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