La PAC, una sigla de moda

La PAC (Política Agraria Común) va a ser una sigla que se va a hacer familiar en el lenguaje de los andaluces en los próximos meses. Bruselas ha iniciado esta semana los debates para la reforma del nuevo sistema de ayudas agrarias. Aunque el mismo no arrancará hasta 2014, el periodo que ahora se abre es determinante para escribir un futuro en el que Andalucía se juega mucho.

El mantenimiento del presupuesto, la regionalización de las ayudas, su legitimación o la creación de mecanismos de intervención pública son las principales reivindicaciones andaluzas, que han estado presentes en las reuniones que el presidente José Antonio Griñán ha mantenido esta semana con las autoridades comunitarias. Pero no en todos los puntos existe consenso.

Andalucía recibió 1.653 millones en 2010, el 28% del total nacional

El 1,5% de los perceptores acapara el 29% de las subvenciones

- Mantener el presupuesto actual. Andalucía recibió el pasado año 1.653 millones en el último año en ayudas directas para unos 240.000 agricultores, lo que supone 28% del total del sobre nacional. El presupuesto de la PAC suponía el 0,75% del PIB europeo en 1985 (con solo 10 estados miembros), pero actualmente, con 27 estados, es el 0,43% del PIB. El temor del Gobierno español es que los fondos se recorten por la ampliación del mapa comunitario. Asaja vaticina pérdidas de 900 millones. En muchos cultivos, como el olivar, las ayudas suponen el 40% de las rentas de los productores, y en muchas comarcas de sierra las ayudas sirven de sustento de la actividad agrícola.

- Regionalizar las ayudas. El Gobierno andaluz defiende que la nueva PAC aplique el principio de subsidiariedad. En otras palabras, autonomía de las comunidades para adecuar los fondos a la realidad de cada territorio. Pero Asaja se ha mostrado contraria por entender que se pone en riesgo el carácter común de la PAC y se abre la puerta a la renacionalización de esta política. "Este modelo, que ha funcionado bien desde el inicio de la PAC, es el que ahora quiere cargarse Griñán para utilizar los fondos a su antojo", apunta Asaja.

- Adiós a los derechos históricos. El primer documento conocido sobre la reforma de la PAC anticipa el final del sistema de pago por derechos históricos. Cobra fuerza un pago uniforme para todos los países, una especie de tarifa plana que se complementará con otros baremos medioambientales o de rendimientos. La COAG ha advertido de que la tasa plana provocará la concentración de las ayudas a favor de las explotaciones de mayor dimensión, cuando el 75% del empleo agrario en Andalucía lo generan explotaciones de menos de 50 hectáreas. Y Asaja defiende el modelo actual, poniendo como ejemplo que con el mismo los olivareros de Jaén reciben una media de 590 euros por hectárea, frente a los 140 en Castilla-León o 170 de Castilla-La Mancha.

- Legitimación de las ayudas.Actualmente, el 1,5% de los perceptores se lleva el 29% de las ayudas, una situación paradójica que, según la consejera Clara Aguilera, supone una "deslegitimación de las ayudas". La Junta quiere cambiar esta tendencia, priorizando los apoyos a los agricultores profesionales. El importe máximo de ayuda se sitúa en 3,6 millones, mientras que la ayuda media en Andalucía es de 4.600 euros.

- Regulación de los mercados.

Hay coincidencia de todo el sector agrario andaluz en la necesidad de contar con instrumentos de regulación de los mercados y mecanismos públicos de intervención para corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria. COAG aboga por depósitos estratégicos que garanticen el suministro de los alimentos en periodos críticos, como el almacenamiento privado, que eviten maniobras especulativas y den estabilidad a los precios.