Un error facilita a una banda mafiosa datos de policías en Málaga

Los nombres y las direcciones particulares de al menos ocho policías de la Costa del Sol que participaron en la desarticulación de una peligrosa banda criminal en julio de 2007 han terminado en manos de las personas a las que detuvieron porque sus datos no se protegieron adecuadamente.

El sindicato SUP, del que son afiliados seis agentes afectados, denunció el caso el pasado 20 de enero ante la Dirección General de la Policía. Francisco Puertas, vocal de la formación, se lo expuso al subdirector de Recursos Humanos durante una comisión de personal. "Dijeron que lo investigarían", asegura Puertas. "Hablamos de gente mafiosa, que tienen en su haber el asesinato de un guardia civil [...] Han señalado a la élite policial de Málaga. Esto es gravísimo, es lo peor que te puede ocurrir", añade.

Los agentes supieron que sus datos personales estaban en manos de esta banda al recibir una citación judicial en su domicilio particular. Cuando los policías acuden como testigos a los juicios, lo normal es que, por motivos de seguridad, se les llame con su número de placa y la notificación llegue al lugar en el que trabajan.

En la Sección Primera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el caso, dicen que esas citaciones se han hecho a petición de las defensas de los cuatro encausados y que no sabían que se trataba de policías. El juicio está previsto para el próximo 2 de febrero.

Varias fuentes coinciden en que los datos personales de estos policías han acabado formando parte de este caso, instruido en el Juzgado número 4 de Marbella, porque a la causa matriz se le adjuntaron una serie de diligencias que Asuntos Internos practicó para investigar si los registros domiciliarios habían sido legales. En la toma de declaración de algunos de los agentes dejaron a la vista datos tan sensibles como el número de teléfono móvil o sus direcciones particulares.

La Dirección General de la Policía ha rehusado hacer declaraciones. Otras fuentes, tanto policiales como judiciales, hablan de un posible "cruce de datos" en los juzgados.