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La ejecutiva del PNV da a Gerenabarrena vía libre en su ataque al PP alavés

De Andrés cree que el 'caso De Miguel' muestra "una actuación concertada"

La tensión política en Álava está alcanzando cotas máximas en este final de legislatura foral después de que la ejecutiva provincial que preside Iñaki Gerenabarrena haya abierto otro frente judicial en la provincia con una querella por calumnias e injurias contra el secretario general del PP alavés, Javier de Andrés. Con las elecciones de mayo a la vuelta de la esquina, en las que De Andrés competirá por ser diputado general, el PNV alavés pasa a la ofensiva en un intento de neutralizar el desgaste por los casos de presunta corrupción y espionaje que apuntan al núcleo del partido en este territorio. Y la ejecutiva nacional ha optado por dar vía libre a Gerenabarrena en su actuación.

De Andrés: "El PNV busca un enemigo fuera, pero lo tiene dentro"
La dirección peneuvista respalda "la defensa del honor del partido"

"El EBB da libertad de actuación al ABB para defender el honor del partido", explicó ayer a EL PAÍS un portavoz de la ejecutiva presidida por Iñigo Urkullu. Si Gerenabarrena considera que este es el camino a seguir, Sabin Etxea considera que la demanda que ha anunciado contra De Andrés por injurias y calumnias entra en su ámbito de decisión. El presidente provincial ha defendido con vehemencia la presunción de inocencia de los imputados, tanto en la ejecutiva de Euskadi como en sus comparecencias públicas. En la última, el pasado 17 de enero, ya anunció medidas legales recalcando que "el PNV no ha extorsionado, ni espiado ni cobrado ilegalmente", una alusión directa a unas palabras pronunciadas por De Andrés el pasado 14 de enero.

El dirigente popular sostuvo entonces que el PNV alavés "no cumple las reglas del juego" y "ha cometido extorsión a empresarios, ha hecho un cobro fraudulento de dinero público y miembros del partido estaban actuando como espías de sus adversarios políticos". El número de imputados por las dos tramas asciende a 16, casi todos de la órbita peneuvista, incluidos el ex diputado foral Alfredo de Miguel y el ex dirigente Aitor Tellería.

"Lo que yo he dicho no es distinto de lo que ha dicho el juez. ¿Por qué no se querellan contra él?", afirmó ayer De Andrés en una rueda de prensa en Vitoria. El candidato popular cree que la demanda, de la que ayer no había recibido aún notificación oficial, no tiene "ninguna posibilidad de prosperar".

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Además de los imputados, recalcó, varias personas del PNV han tomado decisiones para favorecer los intereses de la presunta trama. Citó, por ejemplo, que el actual diputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, votó en contra de los informes técnicos que rechazan una gran recalificación de terrenos en Zambrana a la que se ha vinculado a De Miguel. "Hay muchísimas personas implicadas, lo que me hace pensar que era una decisión concertada dentro del PNV. Tengo la absoluta convicción política de que esto fue así", explicó el responsable popular. Antes recalcó que Sidepur, empresa de otra persona vinculada al PNV, Josu Arruti, cobró un millón de euros por la operación y transfirió al menos 180.000 a Kataia Consulting, empresa que tenia como administradoras a las esposas de De Miguel y Tellería. "Esto no se arregla con que tres personas entreguen el carné; el PNV busca un enemigo externo, pero lo tiene dentro", dijo.

De Andrés atribuyó la actuación de Gerenabarrena a la necesidad de buscar "cortinas de humo" para distraer la atención sobre las revelaciones de las presuntas tramas de corrupción y espionaje. "Intentan convertirse en víctimas de sus propias fechorías, cuando ellos son los únicos responsables", añadió, destacando que los peneuvistas han mantenido en todo momento una actitud "obstruccionista" ante las investigaciones de la Diputación alavesa. Y sostuvo que el PNV actúa "al unísono" para desviar la atención de los supuestos delitos. "Han renunciado a dar una explicación política de lo ocurrido y solo les preocupa salvar su situación penal", resumió.

De Andrés reconoció también cierta preocupación por cuáles serán los efectos de la judicialización de la campaña electoral alavesa: "A mí me gustaría poder explicar a la ciudadanía el proyecto del PP y no caer en este personalismo". Concluyó que su elección como objetivo responde a que él será el rival a batir en las urnas.

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