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Los alcaldes de Melón y Puxín siguen en el cargo pese a estar inhabilitados

Los regidores se aferran a sus sillones con la esperanza de conseguir un indulto del Consejo de Ministros - Las dos sentencias son firmes

Ni la justicia puede con ellos. Al menos los regidores de dos municipios ourensanos (Melón, del Partido Popular, y Punxín, del PSOE) se mantienen firmemente aferrados a sus cargos al frente de sus respectivas corporaciones locales manejando el presupuesto y repartiendo inversiones y empleo pese a haber sido inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos en sentencias firmes.

Alberto Pardellas, alcalde de Melón, fue condenado en firme el pasado mes de noviembre por haber prevaricado en la construcción de un polideportivo anexo al monasterio cisterciense de Santa María, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El alcalde popular optó por hacer caso omiso de todos los informes municipales y de la Xunta que le advertían de la ilegalidad. Pero Pardellas -íntimo del presidente provincial del PP, José Manuel Baltar Blanco- no ha dimitido, pese a la condena a ocho años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a donde recurrió la fiscalía y la acusación particular después de que la Audiencia Provincial lo absolviera.

Ambos siguen en sus despachos, repartiendo inversiones y empleo

Los socialistas no encuentran sustituto para su líder en Punxín

Pardellas autorizó un polideportivo junto a un monasterio

Cruz despidió a una trabajadora que había ido en las listas del PP

Pardellas no solo sigue presidiendo la corporación local y tomando decisiones sino que no pierde oportunidad de figurar en las fotos al lado de los dirigentes provinciales y autonómicos de su partido cuando tiene ocasión. Tiene que hacer frente, además, a una sanción de 120.000 euros de la Dirección Xeral de Urbanismo por una "infracción muy grave". El alto tribunal gallego tildó de "contumaz" la conducta ilegal del regidor.

Pero a Pardellas no le preocupa demasiado la sentencia. De momento, sus letrados han instado a la Audiencia Provincial a que paralice la ejecución de la condena mientras apelan al Tribunal Constitucional alegando indefensión en el juicio. "Con calma, con calma" repite como una muletilla el alcalde condenado tras reconocer que posiblemente pida el indulto también al Consejo de Ministros. La "calma" le da la oportunidad de volver a presentarse como candidato a la alcaldía de Melón en donde arrasa. Después, si fracasan sus apelaciones, ya lo sustituirá otro.

El pasado noviembre, pocos días después del varapalo de la sentencia, Pardellas compareció en primera fila en el acto de presentación del candidato a la alcaldía de Allariz, el portavoz y brazo derecho de Feijóo en el Parlamento gallego, Antonio Rodríguez Miranda.

El presidente del PP gallego y de la Xunta lo miró apenas de reojo. Cuando los periodistas abordaron al líder del PP gallego para preguntarle por el futuro político del regidor tras la condena, censuró al alcalde baltarista y lo conminó a que abandonara el puesto. "Hay que tomar buena nota de lo que dicen los jueces", respondió un lacónico Feijóo.

Algo similar a lo que contestó ante los micrófonos el mentor y amigo íntimo de Pardellas, el presidente provincial, Baltar Blanco. "Si yo estuviera en su situación, abandonaría mis responsabilidades políticas", afirmó ese mismo día Baltar, aún matizando que debería leer con detalle la sentencia antes de tomar una decisión.

Similar es la estrategia que se plantea el PSOE ourensano con su también inhabilitado por la justicia durante ocho años y medio, condenado igualmente por un delito de prevaricación, el alcalde de Punxín, Alfredo Cruz Gago. El regidor socialista despidió en el año 2009 a una trabajadora municipal que había ido en la lista del Partido Popular en las municipales de 2007 que le dieron a él la alcaldía.

La Audiencia Provincial ourensana condenó a Cruz en resolución firme contra la que no cabe recurso a los mismos ocho años y medio de inhabilitación para cargo público pese a que había sido declarada nula en el ámbito de lo Social y pese a que el Juzgado de lo Penal había considerado que no estaba probado que el socialista "actuase arbitrariamente en la carta de despido".

Cruz Gago sigue desde entonces al frente de la alcaldía. Como Pardellas, ha pedido el indulto al Consejo de Ministros y la dirección provincial del PSOE se devana los sesos en busca de un sustituto difícil de encontrar. "No sabemos todavía si volverá a encabezar la lista o no", resuelve la dirección provincial del partido mientras espera por resolver esos últimos flecos judiciales.

La estrategia de ambos grupos políticos no es novedosa. La están poniendo en práctica, con éxito, los abogados del cura Benigno Moure, presidente de la poderosa Fundación San Rosendo. Moure, condenado en este caso en sentencia firme a cinco años de cárcel e inhabilitado para presidir entidades sociales, no sólo no ha pisado el presidio, sino que sigue al frente de la sociedad.

Sus letrados alegaron -y lo certificaron los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)- que padece nueve patologías alguna de las cuales le impide caminar.

Pese a ello, el cura acude diariamente bien erguido y con paso firme a su puesto en la presidencia de la fundación, desde donde sigue gestionando la inversión de un presupuesto millonario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de enero de 2011