Los expertos piden cambios en las pensiones para evitar el déficit
El Gobierno sitúa en 2023 la aparición de los primeros desequilibrios
Los mayores de 65 años se están convirtiendo en el segmento emergente de la población . En el año 2040 los pensionistas sumarán más de 15 millones, prácticamente el doble que ahora. Sin cambios, las bases del sistema público no aguantarán el peso de ese cambio demográfico , un diagnóstico casi unánimemente compartido por los expertos. Los desequilibrios no tardarán en aparecer. Las proyecciones del Ministerio de Trabajo sitúan en 2023 el momento en que los ingresos del sistema serán insuficientes para afrontar el gasto. Con todas las cautelas -la mayoría de las previsiones a largo plazo han errado hasta ahora-, la necesidad de cambios parece inaplazable.
La Seguridad Social ha resistido con fuerza la crisis. Pese al desplome del empleo, el sistema aún exhibe un modesto superávit que ronda el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) . El principal motivo es que incluso con las caídas de empleo, los 17,5 millones de cotizantes aún financian sin problemas las prestaciones de 8,7 millones de pensionistas. Buena parte de ellos pertenece a la generación de la guerra y la posguerra, más reducida y con prestaciones inferiores a las de los nuevos beneficiarios.
"Si nada cambiase, no habría dinero suficiente para pagar las pensiones. Porque la base de la cotización son los salarios y no se puede esperar que aumente la participación de los salarios en la economía", explica Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco. Llegando al extremo del inmovilismo en los ingresos, la rebaja que tendrían que sufrir las pensiones para adaptarse a la nueva coyuntura alcanzaría el 40%, asegura este experto, que considera remoto ese escenario, pues la reforma del sistema es inminente.
Los expertos coinciden en el diagnóstico, pero discrepan en las soluciones, que consisten en elevar los ingresos, reducir los gastos o combinar ambos elementos. Sergi Jiménez-Martín, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), aboga por reducir el gasto: "Mantener la generosidad del sistema ahora significa que en el futuro se van a tener que pagar impuestos más altos para recibir la misma pensión. Es decir, mantenerlo acaba siendo injusto para alguien". Como la mayoría de analistas, Jiménez-Martín es escéptico sobre el aumento del empleo como receta para mejorar la salud financiera del sistema de pensiones.
La excepción más notable a este planteamiento corresponde a Julio Pérez Díaz, demógrafo e investigador del CSIC. Este experto rechaza el argumento demográfico como base para defender las reformas -"recortes", puntualiza él- y asegura que en todos los pronósticos a tan largo plazo se obvia el impacto de un elemento fundamental para el sistema: las mejoras tecnológicas y los aumentos de productividad que comportan. Más que las pensiones, "lo que es insostenible es que este país tenga 4,5 millones de parados", subraya Pérez Díaz.
Casi ningún elemento basta por sí solo para garantizar el sistema. Pero una combinación óptima de los que están sobre la mesa contribuye a paliar los desequilibrios. Los expertos consultados creen que las medidas esbozadas por el Gobierno van en la buena dirección. La más celebrada es el incremento a 67 años en la edad de jubilación. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre pensiones sitúa los retrasos en la edad de retiro como "la herramienta más eficaz" contra los desequilibrios.
El Ministerio de Economía calculó en 2010 que el retraso a 67 años en la edad de jubilación y la consideración de los 25 últimos años cotizados para calcular la prestación (ahora se toman los 15 últimos) ahorraría a las arcas públicas cuatro puntos de PIB (unos 40.000 millones de euros).
"Parece lógico elevar la edad de jubilación porque la edad media de vida ha crecido mucho", expone Sandalio Gómez, profesor del IESE, que admite la existencia de "sufridores" en esta solución. Fernando Moreno, ex dirigente de CEOE y ahora miembro de Cuatrecasas, aboga más por reforzar "la contributividad del sistema", es decir la mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones.
Ingresos alternativos
El augurio de desequilibrios en el sistema a partir de 2023 parte de un supuesto cuestionable: considerar que los ingresos del sistema son inamovibles. En el modelo actual, las pensiones se sufragan exclusivamente con las cotizaciones que abonan empresas y trabajadores, hasta ahora más que suficientes para sostener el modelo. Pero muchos expertos piden que el freno al gasto vaya acompañado de una mejora de los ingresos, aun si supone buscar nuevas vías de financiación.
"Reino Unido e Irlanda establecen que cualquier déficit que surja en el sistema se pague con impuestos. Y en Dinamarca, una buena parte se abona con imposición general", argumenta Ignacio Zubiri. El catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco aboga por dotar de más recursos al sistema para repartir el coste de las reformas, que ahora recae casi exclusivamente en los futuros pensionistas.
Contra esa vía alternativa de los impuestos generales se manifiesta Comisiones Obreras. Un reciente estudio sobre la reforma de las pensiones sostiene que si el sistema es autosuficiente (es decir, si se financia solo con cuotas sociales) estará más protegido contra intentos de recorte que si depende de la voluntad de los gobernantes. El sindicato sí pide otras mejoras en los ingresos, como elevar los topes de cotización para que los salarios más altos tengan una mayor aportación a la caja pública, una idea defendida por muchos expertos y por el Banco de España.
