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sábado, 8 de enero de 2011

EE UU revalúa sus sistemas de seguridad

El Gobierno ordena al contraespionaje corregir los fallos que permitieron las filtraciones a Wikileaks - Cientos de personas citadas en los cables son alertadas por precaución

La Administración de Estados Unidos ha iniciado esta semana una revaluación de las normas de seguridad con las que operan todos los organismos implicados en el manejo de secretos oficiales con el fin de detectar los errores que permitieron la filtración de los papeles del Departamento de Estado y adaptar los sistemas de vigilancia a la nueva era post-Wikileaks.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, en sus siglas en inglés, un órgano de la Casa Blanca), Jacob Lew, remitió el lunes pasado a los jefes de todos los departamentos y agencias del Gobiernos con acceso a documentos clasificados un largo cuestionario con el que se pretende identificar las fugas que puedan existir en el proceso.

La Casa Blanca indaga sobre la vida de los funcionarios para detectar fugas

Obama intenta adelantarse a la investigación del Congreso

El cuestionario, que ha sido elaborado por los principales centros de contraespionaje norteamericanos -la Oficina de Supervisión de la Seguridad de la Información y el Ejecutivo Nacional de Contrainteligencia, incluido en la Oficina del Director Nacional de Inteligencia- busca, entre otras cosas, detectar la posibilidad de que algunos funcionarios descontentos estén filtrando información reservada.

En ese sentido, la circular remitida por el director de la OMB pregunta a los distintos departamentos si cuentan con sicólogos y otros profesionales especializados en evaluar el grado de satisfacción de sus empleados y su nivel de compromiso con el trabajo que realizan. Las autoridades norteamericanas culparon de las primeras filtraciones de Wikileaks a un funcionario del Pentágono, el soldado Bradley Manning , que aún se encuentra bajo arresto.

El cuestionario, al que ha tenido primero acceso la cadena NBC, indaga también sobre las aficiones de los funcionarios, las páginas web que visitan, la frecuencia con la que viajan al extranjero y otra serie de circunstancias de carácter privado que pudieran hacer sospechar sobre su comportamiento.

Esta orden de la Casa Blanca sucede a otra remitida el 28 de noviembre, el mismo día en que comenzaron a publicarse en EL PAÍS y otros medios internacionales los papeles del Departamento de Estado, en la que se solicitaba a los servicios de contraespionaje instrucciones para readaptar las normas de seguridad a penetraciones como la que Wikileaks había conseguido.

Esos servicios remitieron las instrucciones que ahora se reparten a las agencias del Gobierno, a las que se fija un plazo hasta el 28 de enero para responder a estos requerimientos. Aunque la comunicación de la OMB no lo afirma abiertamente, se deduce que posteriormente se efectuarán las correcciones necesarias para subsanar los fallos descubiertos en esta revaluación.

Con este esfuerzo, la Administración intenta, al mismo tiempo, anticiparse a la presión del Congreso, que en los próximos días iniciará una investigación, con probables audiencias incluidas, sobre el episodio de Wikileaks y el grado de protección que se presta a los secretos de Estado.

La circular firmada por Lew asegura que el objetivo de este análisis es el de "fortalecer los sistemas de seguridad y contrainteligencia para garantizar la protección de la información clasificada sobre seguridad nacional". El director de la OMB incluye un memorándum de Robert Bryant, responsable del Ejecutivo de Contrainteligencia Nacional, y William Bosanko, director de la Oficina de Supervisión de la Seguridad de la Información, en el que éstos manifiestan que sus instrucciones están destinadas a "revaluar el estado actual de nuestro sistema de seguridad de la información".

Esas instrucciones intentan actualizar datos sobre quiénes acceden a determinada información, cómo y quiénes deciden esos accesos, con qué periodicidad se revisan los permisos, qué medios tecnológicos se utilizan (se indaga particularmente por el uso de memorias portátiles), qué relaciones se mantienen con servicios de información extranjeros, qué nivel de formación tienen las personas con acceso a secretos y una larga serie de sugerencias que llenan un documento de nueve páginas en el que se revisan meticulosamente todos los detalles relacionados con el manejo de los secretos.

Esta iniciativa es la más ambiciosa puesta en marcha por el Gobierno de Barack Obama como respuesta a las filtraciones de Wikileaks, probablemente la revaluación más importante que se ha hecho en muchos años sobre los sistemas de seguridad informativa en Estados Unidos.

La Administración intenta así subsanar fugas que, como en el caso de los papeles del Departamento de Estado, han hecho sonrojar a los servicios de inteligencia norteamericanos ante sus propios compatriotas y han provocado dificultades en las relaciones de este país con algunos de sus aliados en el resto del mundo.

La queja principal de Washington contra las revelaciones de Wikileaks es, sin embargo, la de que han puesto en peligro la vida de algunas personas que defienden la libertad y los derechos humanos frente a regímenes totalitarios.

Aunque hasta el momento no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto, el diario The New York Times, otro de los que ha publicado los papeles de Wikileaks, informaba ayer que el Departamento de Estado ha advertido a "cientos de activistas de derechos humanos, funcionarios de gobiernos extranjeros y hombres de negocios" sobre el peligro que corren tras las revelaciones hechas públicas.

El mismo diario añade que el Departamento de Estado no ha sido capaz de detallar qué amenazas precisas se ciernen sobre esas personas. Por ahora, el más afectado por las filtraciones ha sido el embajador norteamericano en Libia, Gene Cretz , que fue relevado de su cargo tras conocerse algunas indiscreciones suyas sobre la personalidad de Muammar Gadafi.

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Una sala operativa de la Agencia Nacional de Seguridad, en Fort Meade, Maryland. / REUTERS

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