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martes, 4 de enero de 2011
Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

Una visión progresista de las reformas

España necesita, para superar la crisis, afrontar una serie de cambios estructurales que le permitan elevar el crecimiento, absorber el desempleo y mantener la confianza de los acreedores en su capacidad financiera

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La economía española se halla en una situación crítica y el país necesita un nuevo impulso reformista que ayude a elevar el crecimiento, aminorando así el coste económico y social de la crisis. Sin embargo, dos años después del inicio de la misma, poco es lo que hemos hecho. Primero, el Gobierno dejó pasar 2009 identificando las posiciones reformistas con las neoliberales. Y después, una vez revisó sus enfoques previos, algunas reformas se han ido planteando de forma tentativa y otras se han venido retrasando. Este íter ha alimentado un discurso según el cual las reformas son intrínsecamente neoliberales de modo que cualquier Gobierno progresista solo puede acometerlas obligado por las circunstancias. Pues bien, en mi opinión, ni todas las reformas atentan contra los derechos sociales, ni deberían ser impuestas por los "mercados"; discurso, por cierto, que parece dirigido a multiplicar el número de abstencionistas. Es más, la política continúa siendo central y solo hace falta quien ponga sentido y liderazgo a todo esto.

La política continúa siendo central. Hace falta quien ponga sentido y liderazgo a todo esto

Es preciso revisar las pensiones para asegurar el funcionamiento del sistema a medio plazo

En primer lugar, debemos resumir el diagnóstico del enfermo. En términos generales los grandes lastres para reactivar la economía se circunscriben a la elevada deuda del país y al abultado número de desempleados. Dos años después del inicio de la crisis, la economía española presenta un endeudamiento global del 357% del PIB. Esta cifra se desagrega en una reducida pero creciente deuda pública (58 puntos porcentuales) y una extraordinaria deuda de familias y empresas (194 puntos) y del sector financiero (105% del PIB). Pues bien, con estas cifras resulta muy complicado reanimar el crecimiento, dado que buena parte de la renta futura deberá ir destinada a honrar la deuda. Pero además, este volumen de deuda genera incertidumbres adicionales sobre la solvencia de nuestro sistema financiero debido a la concentración de la cartera del crédito inmobiliario y promotor en las cajas de ahorros. En la misma línea, casi la mitad de la deuda global (en torno al 170% del PIB) está contraída con el exterior. Por ello, resulta clave la credibilidad de nuestra "agenda reformista" para mantener la confianza de los acreedores en el país y garantizar un periodo pausado de desendeudamientos sin sobresaltos. Por otra parte, en torno al número de desempleados, el ajuste del sector constructor y un marco regulatorio que inducía al despido como método más sencillo de ajuste explican el potencial de destrucción de empleo de nuestra economía. Esta realidad supone esencialmente un drama social pero también dificulta la recuperación del consumo y, con ello, del conjunto de la actividad, además de generar dudas adicionales sobre la capacidad de pago de la elevada deuda hipotecaria de las familias y por ende de la solvencia de las entidades de crédito. Por consiguiente, existen graves condicionamientos internos que están dificultando una rápida salida de la crisis, lo que supone además una amenaza sobre la capacidad del país para devolver la deuda.

La solución a todo ello pasa por las reformas estructurales. Estas políticas elevarían el potencial de crecimiento y permitirían con ello una más rápida absorción del desempleo y el mantenimiento de la confianza de los acreedores en nuestra capacidad financiera. Además, las reformas suponen también la base de cualquier intento para cambiar la estructura económica del país, lo que se ha venido a llamar desafortunadamente el "modelo de crecimiento". Ahora bien, ¿cuáles son esas reformas y cuál es su sesgo ideológico?

En principio, el país debe completar la reestructuración de las cajas de ahorros, especialmente por la elevada concentración de su cartera de crédito en el sector hipotecario y promotor, cuya deuda pendiente amenaza la viabilidad de algunas entidades. También se necesitaba una reforma laboral que eliminara el incentivo a la contratación temporal sin elevar los costes medios del trabajo. Además, es urgente una revisión profunda de la negociación colectiva que no solo permita descolgarse de los convenios ante la crisis sino que, también, aporte la flexibilidad suficiente al modelo para lograr un funcionamiento eficiente de las señales de precios como conductor del trabajo y la inversión, ahora tasadas por los acuerdos sectoriales-provinciales. Pero es que además, la propia estructura provincial de los convenios ha venido a generar barreras adicionales a la entrada en algunos mercados, dificultando así la reorientación permanente del modelo de crecimiento. Igualmente hay que reconsiderar el sistema de desempleo para centrar la financiación en las políticas activas y aminorar los desincentivos al trabajo. En la misma línea, se requiere una revisión de las pensiones con el propósito de garantizar el propio funcionamiento del sistema a medio plazo. No hace falta ser economista para sospechar que una sociedad que eleva afortunadamente su esperanza de vida y, con ello, el tiempo de derecho a cobro de una pensión, necesita revisar el sistema que la garantiza. Asimismo, sería deseable un marco regulatorio del sector energético racional. Es difícil entender un sistema eléctrico que en apenas una década ha generado un déficit superior a los 20.000 millones de euros que se adeuda a las compañías privadas, mientras se soporta el pago de una tarifa superior a la media comunitaria, buena parte de la cual solo sirve para financiar a "buscadores de renta".

Por último, existen otras reformas esenciales pero solo citaré adicionalmente la transformación del sistema educativo (minimización del fracaso escolar en Secundaria, mejora de la calidad de la Formación Profesional y universidades competitivas), así como una redefinición de la estructura territorial, que mejore la rendición de cuentas del modelo.

Pues bien, estas reformas pueden ser impulsadas desde visiones neoliberales o progresistas. Siendo sucinto, las cajas de ahorros se pueden capitalizar manteniendo a la obra social como una fundación propietaria de parte del accionariado o se pueden privatizar completamente. Asimismo, se puede flexibilizar la negociación colectiva otorgando mayor poder de decisión a los comités de empresa o se puede realizar combatiendo la presencia sindical, necesaria ante el carácter monopsonista del mercado laboral. De igual forma, se puede revisar el modelo de pensiones intentando garantizar su viabilidad financiera como elemento central del sistema o se puede desmontar para dar paso a modelos de capitalización en exclusiva. Y en la misma línea, se puede revisar el seguro de desempleo destinando más fondos a políticas activas o nos podemos aproximar a tal reforma con un único objetivo de reducción del gasto. Se puede poner orden y racionalidad en el sistema energético con el cambio climático en el objetivo o sin él. Igualmente, se puede intentar eliminar el fracaso escolar y elevar el nivel universitario, haciendo valer la igualdad radical de oportunidades y la meritocracia frente al derecho de elección de los padres con dinero público. Y por último, se puede reordenar la estructura del Estado desde una visión federal y solidaria o centralista.

En fin, las reformas son vitales para minimizar el coste de la crisis, pero su orientación está sujeta a implementaciones varias que, cumpliendo con el objetivo previo de elevar el potencial de crecimiento, puedan estar inspiradas por distintos valores. De este modo, ni las reformas son por naturaleza neoliberales, ni son impuestas por "los mercados". Más bien, la única coerción que nos conduce a activar la agenda de reformas debería ser minimizar los ajustes adicionales de gasto, estos sí exigidos por nuestros acreedores como única garantía del pago de la deuda pública ante la reducida pulsión reformista. Por todo ello, es urgente concluir las reformas, especialmente ahora que los mercados continúan enrareciéndose y se eleva la incertidumbre sobre el futuro de nuestro país y del euro. España necesita apostar con rapidez y liderazgo por la única salida social a esta crisis, el reformismo progresista, que entronca, por cierto, con el legado histórico del partido en el Gobierno.

Jonás Fernández Álvarez es director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados.

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