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El Gobierno aprueba la mayor subida del recibo de la luz en 28 años

El incremento de las tarifas en un 9,8% cuadruplica con creces la inflación - El gas natural también se encarecerá a partir del 1 de enero un 3,93%

El Gobierno aprueba la mayor subida del recibo de la luz en 28 años
EL PAÍS

El Gobierno aprobó ayer una subida de la luz del 9,8% a partir del 1 de enero. El incremento, el mayor registrado desde el año 1983, cuadruplica con creces el IPC de 2010 puesto que los precios subieron un 2,3% hasta noviembre. El aumento, muy criticado por las organizaciones de consumidores, afecta a 20,16 millones de usuarios acogidos a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), con potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios. Con el nuevo año, también se encarecerá el gas natural: un 3,93% de media para 6,5 millones de clientes, según informó ayer Industria.

Si se tiene en cuenta que la electricidad tiene una ponderación del 2,69% en el IPC, se puede calcular que la subida del 9,8% para la mayoría de los usuarios tendrá un impacto directo en torno a 2,5 décimas en la inflació n.

La decisión obedece a la necesidad de controlar un déficit de 20.000 millones

Industria ha recortado costes de 4.600 millones por decreto

Los consumidores consideran la subida "inaceptable, brutal y aberrante"

El impacto sobre la inflación se situará en torno a 2,5 décimas del IPC

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La subida no afectará a dos millones de clientes con potencias contratadas inferiores a tres kilovatios. Y tampoco a aquellas familias que soliciten el llamado bono social porque sus miembros estén todos en paro, sean familias numerosas o perceptores de pensiones mínimas. Según Industria, el bono social beneficia ya a tres millones de hogares.

La fuerte subida de la luz obedece sobre todo a la necesidad de controlar a toda costa el desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico, que se arrastra desde 2000 y que cerrará el año en 20.000 millones de euros, el equivalente a dos puntos del producto interior bruto (PIB).

Incluso con la importante subida aprobada ayer, que para un usuario medio supondrá unos 4,25 euros más al mes (3,2 euros, según el Gobierno), Industria se ha visto en la obligación de elaborar un real decreto para ampliar el margen anual admitido de déficit hasta 2013. Se mantiene, eso sí, la obligación legal de acabar con el desfase que lastra los balances de las eléctricas en el año 2013. Además de reformar la ley para no incumplirla, Industria ha tenido que recortar los costes reconocidos en el sistema eléctrico y reducir las primas a las empresas solares fotovoltaicas en 2.220 millones. Todo para ahorrar un total de 4.600 millones en tres años.

Que la situación es grave no lo niega nadie que esté al tanto del funcionamiento del sistema. Si la gran deuda embalsada en forma de déficit no se controla, los balances de las eléctricas pueden convertirse en papel mojado y sus calificaciones crediticias pueden desplomarse. De hecho, las agencias ya han avisado a grandes empresas como Iberdrola y Endesa. No controlar el déficit cuestionaría además la voluntad del Gobierno de actuar contra todo aquello que cuestiona la ortodoxia presupuestaria. Pero con la subida del 9,8% de la luz, el Ejecutivo solo intenta controlar, no solucionar. Porque enjugar el déficit vía tarifas requeriría subidas importantes a lo largo del año, algo impopular y con costes políticos evidentes. Por esa razón, y en contra de las demandas de algunas empresas, la Secretaría de Estado de Energía que dirige el saliente Pedro Marín decidió congelar la parte de las tarifas sobre la que puede actuar y aplicar únicamente el resultado de la subasta de energía que fija los precios de comercialización para el primer trimestre.

El resultado de la subasta celebrada el 14 de diciembre, tras los ajustes previstos en la normativa, elevó la subida de la parte del recibo liberalizada (la que recoge los precios de la energía) por encima del 20%. Como Industria congeló su parte -la otra mitad del recibo-, el impacto en el bolsillo del usuario se reduce al 9,8%.

Pero la cantidad escuece. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que el Gobierno se somete a las reivindicaciones del lobby eléctrico y calificó la subida de "inaceptable, brutal y aberrante" . También la UCE cargó contra la decisión, que calificó de "brutal" y "pactada" con las eléctricas. La OCU anunció incluso que recogerá firmas para exigir al Gobierno la congelación de la tarifa eléctrica y la permanencia de la Tarifa de Último Recurso (TUR). De igual forma, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, afirmó que "no hay justificación" para una subida de la luz, más aún cuando ya se han producido "incrementos más que excesivos" a lo largo de los últimos años que han llevado al consumidor a rondar "cerca de los 200 euros" de subida en su facturación anual con respecto a lo que se pagaba en 2007.

Frente a las organizaciones de consumidores, la asociación patronal eléctrica Unesa explicó que las subidas "son necesarias" para acabar con el problema del déficit de tarifa eléctrica en el año 2013.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de diciembre de 2010