Sombras que quedaron en nada
La desaparición de unos documentos en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha agitado estos años la vida política del municipio. El Gobierno instaló una cámara para que eso no siguiese ocurriendo. Un grupo de trabajadores municipales y el PP interpusieron una denuncia por considerar vulnerada su intimidad y por malversación de caudales públicos. El alcalde, Manuel Robles (PSOE), ha estado imputado durante esta legislatura. La oposición recurría una y otra vez los archivos de la causa. La sombra de la sospecha estaba ahí, pero al final todo ha quedado en nada.
No es un caso único. El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana (PSOE), ha sufrido las embestidas del PP. En esta legislatura se han querellado contra su persona dos veces, una por un supuesto delito en el reparto de unos contratos menores y una segunda por la licencia concedida a un campo de golf. Las dos causas, una de ellas llegó hasta el Supremo, han sido archivadas.
También el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga (PP), y todo su equipo de gobierno estuvieron imputados por un delito de prevaricación en la aprobación de dos planes parciales. Se ha archivado la causa. "No resulta descabellado presumir la existencia de motivaciones políticas tras la presentación del escrito del Ayuntamiento de Alcorcón ante la fiscalía, escrito que ha motivado la presente denuncia", escribe en el auto de archivo María Dolores Nortes, magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón. El auto no desdice los hechos, según señalan fuentes del gobierno de Alcorcón, e "incomprensiblemente" habla de una concejal, Natalia de Andrés (PSOE), que no es parte del proceso. "Es el fiscal quien decide imputar, no el Ayuntamiento. Hablar de motivaciones políticas es absurdo", aseguran estas mismas fuentes.
La lista de supuestos delitos cometidos por Julio Setién (IU), según el PP, era larga: prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El juzgado de Coslada ha archivado ahora todo lo que había contra el alcalde de San Fernando de Henares. "Ha sido una pérdida de energías tremenda. Ida y vuelta a los juzgados", explica un portavoz municipal. Mucho tiempo en busca de una sombra.
El independiente Julio de Mateo García autorizó durante sus años de mandato en Bustarviejo 400 viviendas supuestamente ilegales. El plan venía de lejos, de los años setenta, pero él fue quien lo aprobó. Se puede considerar una aberración desde el punto de vista ecológico, pues la nueva urbanización multiplicaba la población de este pueblo pequeño de la sierra norte de Madrid, pero el caso es que se han archivado las causas que había contra De Mateo. "Han sido años de sufrimiento, sobre todo por la familia. Te señalan como un culpable. Pero ha pasado mucho tiempo y prefiero olvidarlo. Ahora que me lo comentas es como volver al pasado", dice al otro lado del teléfono. Estuvo acusado de los delitos de prevaricación, malversación y abuso en el ejercicio de sus funciones. La sombra que tuvo encima se esfumó.
