LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Aparentemente, la presidencia española de la Unión Europea, entre enero y junio de este año, discurrió de forma tranquila, sin sobresaltos ni grandes avances. Sin embargo, los cables confidenciales del Departamento de Estado de EE UU revelan un asunto que generó mucho trabajo diplomático para tratar de frenar, de nuevo, la estrategia de Miguel Ángel Moratinos.
Antes de cada Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, conocidos como GAERC en la jerga comunitaria, se producen encuentros de funcionarios de numerosos países miembros con diplomáticos de las respectivas Embajadas estadounidenses, según revelan los documentos secretos del Departamento de Estado.
El ex embajador de Estados Unidos en España Eduardo Aguirre, la persona que más aparece en los cables desvelados por Wikileaks sobre España, dio por hecho ayer en una carta a los medios de comunicación, que éstas son veraces.
El debate en España
ÓSCAR GUTIÉRREZ | Madrid
Seis periodistas debaten en Madrid sobre Wikileaks, los cables del Departamento de Estado y los medios, entre ellos EL PAÍS, que los están publicando
Estado de alarma
El Ejecutivo ha decidido prorrogar el estado de alarma instaurado el pasado 4 de diciembre hasta el próximo 15 de enero, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, de una hora y media de duración, convocado en la misma mañana de ayer por José Luis Rodríguez Zapatero y realizado en la sala de Gobierno del Congreso a última hora de la tarde.
El Gobierno expuso ayer en el Congreso la hoja de ruta para poner fin a lo que ministro de Fomento, José Blanco, definió como "estatus laboral inaceptable" de los controladores aéreos. El objetivo es quitar a este gremio los privilegios laborales y el poder para bloquear el espacio aéreo como forma de presión para lograr sus reivindicaciones.
La declaración expresa, contenida en unos estatutos, en contra de la violencia no será suficiente como para legalizar a un partido político. Esta es la sugerencia que ayer aprobó el Congreso para que Gobierno la incorpore a la reforma de la Ley Electoral General que trata de taponar al máximo las vías por las que se podría colar la izquierda abertzale en las instituciones.
