Un sorteo de VPO para la historia

Marbella (Málaga) vivió ayer un día histórico. Hacía más de 20 años, el tiempo que estuvo en el gobierno el Grupo Independiente Liberal (GIL), que no se hacía un sorteo de viviendas de protección oficial (VPO). Por aquel entonces, se daban a dedo.

El ambiente en el Palacio de Congresos marbellí era casi de sorteo navideño. Cuatro bombos encima de un escenario, el notario Mauricio Pardo comprobaba que los números de todos los solicitantes estuvieran en los alambres y más de 1.000 personas aguardaban emocionadas que se les diera la posibilidad de comprar una casa a precio asequible. Desde 80.000 euros por un piso de dos dormitorios y 64 metros cuadrados, o 125.000 euros por otro de tres habitaciones y unos 90 metros cuadrados. Garajes y trasteros aparte.

Nino, de 7 años, colaboró sacando las bolas y le dio suerte a su madre

La regidora calcula que los pisos estarán terminados tras el verano

La Marbella más desconocida, formada por hosteleros, jardineros o empleados de mantenimiento, se reunió en el auditorio para encomendarse a la suerte. Había 660 candidatos para 70 viviendas.

Nino, un niño de siete años, hizo de mano inocente. La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) le llamó desde el escenario para que cogiera las cuatro bolas que marcarían el corte de las listas. Previamente, el edil de Urbanismo, Pablo Moro, había detallado la mécanica del sorteo. Cada aspirante tenía un número asignado por orden alfabético y participaba por uno de los cuatro tipos de vivienda. Había 36 pisos para jóvenes, 31 de régimen general, dos de movilidad reducida joven y una movilidad reducida. De cada bombo se extraería una única bola. De ese número en adelante estarían los afortunados.

"Es la primera vez que los aspirantes forman parte del Registro municipal de demandantes de vivienda protegida", añadió Moro. Esta herramienta, promovida por la Junta de Andalucía e incluida en la ley del derecho a la vivienda andaluza, permite a los municipios conocer las necesidades y preferencias de sus ciudadanos. Quienes forman parte de ella pero no obtienen vivienda optan a las siguientes promociones.

"El piso que quiero, de tres dormitorios y en el centro, cuesta unos 280.000 euros. El que he solicitado tiene dos dormitorios. La zona de no me gusta mucho, pero sale por 120.000 euros", explicaba José María Vázquez, empleado del hotel Guadalpín, de 24 años. Mohamed Bounouar, técnico de mantenimiento de 45 años, veía en las viviendas de tres dormitorios de protección oficial la oportunidad perfecta para dejar el alquiler. "Tengo dos niños y hasta ahora no he comprado porque las cuotas de la hipoteca que nos calculaban, de unos 800 euros, nos llevarían muy agobiados", comentaba.

La crisis no ha bajado los precios de las viviendas de los mejores lugares de Marbella. Sin embargo, en zonas alejadas del centro se ha alcanzado el 50% de rebaja, según datos de la inmobiliaria Gilmar. El tipo de inmueble más demandado, un apartamento con dos dormitorios, puede alcanzar los 400.000 euros en Puerto Banús. Las 70 VPO de ayer se construirán en el núcleo de Nueva Andalucía, una zona de expansión a diez kilómetros del centro de Marbella. Prevén terminarlas para después del verano.

La adjudicación arrancó a mediodía y se resolvió en apenas 20 minutos. El pequeño Nino le dio la suerte a su propia madre. Carmen González, de 29 años, saltó de la primera fila cuando oyó que el corte arrancaba en el número 155. "Las casas van para los González", bromeaban desde el auditorio. Carmen, madre soltera de dos niños y trabajadora de la hostelería, vive de alquiler con su tía. "Somos nueve en la casa, ya era hora", decía emocionada.

Tras la euforia inicial algunos confesaban que estaban trabajando, pero que se les acababa pronto el contrato; que se habían quedado en paro; o que no creían tarea fácil conseguir la hipoteca.

En Málaga, el Ayuntamiento tiene 309 VPO sin adjudicar porque 1.500 personas que las solicitaron han renunciado. Las casas se sortearon hace cuatro añosirantes. Aquella vez apenas hubo filtros. La nueva ley del derecho a la vivienda obliga a los demandantes a acreditar su situación laboral y económica al inscribirse en el registro. La alcaldesa marbellí confiaba esta semana en que esta situación no se repita en Marbella.