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Pozuelo aprobó una obra ilegal pese al aviso de una funcionaria

Una edil de Pozuelo dice que no sabía que el parque de las Cárcavas era ilegal

El equipo de gobierno del PP que en 2007 dirigía el Ayuntamiento de Pozuelo no hizo caso a la advertencia de la secretaria municipal cuando esta dijo que la modificación de una obra que suponía un sobrecoste del 116% era ilegal.

Los trabajos consistían en la construcción del parque del Arroyo de las Cárcavas, que por decisión del equipo de gobierno del PP pasó de costar 5,4 a más de 11 millones. En el momento en el que se adoptó el acuerdo el parque estaba casi acabado.

En su declaración ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, la ex concejal del PP Yolanda Estrada aseguró que ni ella ni nadie de la Junta de Gobierno, entonces compuesta por varios de los ahora imputados, leyeron los "reparos" de la secretaria del Consistorio, que aseguró en un informe que la ampliación del parque de las Cárcavas, cuando estaba prácticamente finalizado, no era legal: "[La secretaria] emitió un informe que yo no conozco, que la Junta de Gobierno no conoce, y no interviene [en la Junta de Gobierno] para decirnos nada. Yo no lo leí. Ningún concejal leyó nada, y estoy convencida de que Jesús [Sepúlveda] tampoco. Sí es verdad que ella hace un reparo, por lo que me han dicho, ya que yo no lo he leído, parece que hace un determinado reparo al proyecto modificado. Lo que le digo es que ese expediente no lo lee nadie", aseguró esta edil, expulsada del PP.

Tanto el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda como Estrada se encuentran entre las seis personas del Consistorio imputadas en otro caso distinto a Gürtel por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo por la construcción del mencionado parque. Los otros cargos que deberán declarar como imputados en este juzgado de Pozuelo son el actual alcalde del municipio, Gonzalo Aguado, que era responsable de Urbanismo cuando se aprobó la obra, el ex edil de Hacienda Roberto Fernández; el actual responsable de este departamento, José María Moya; el jefe de Contratación, Aniceto Baltasar Martín, y el ex ingeniero municipal Leopoldo Gómez, ahora retirado. La empresa adjudicataria fue una unión de empresas (UTE) encabezada por el propietario de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, imputado en el caso Gürtel.

Tras oír esta declaración Pedreira preguntó si la secretaria de Pozuelo llevó el informe a la Junta de Gobierno municipal: "Sí, pero nunca leyó nada. Yo le digo que nunca se leyó nada, lo que decía esta señora lo decía por los pasillos". Esta respuesta desconcertó al propio magistrado, quien llegó a preguntar a la edil si el hecho de que esta funcionaria lo hubiese dicho por los pasillos no hizo que acudieran al expediente: "Si lo oyen por el pasillo a continuación pedirían el papel...". Pero la ex responsable de contratación de Pozuelo no contestó a esa pregunta.

Esta concejal también dejó en el aire otros puntos importantes del caso, que investigan dos jueces a la vez, el número tres de Pozuelo y Antonio Pedreira. Como por ejemplo que no sabía que la Junta de Gobierno, de la que formaba parte, había aprobado una partida de 625.000 euros para cuidar el parque. "Yo no tenía ni idea", dijo Estrada.

Pedreira preguntó también en qué consistía la modificación de la obra, que elevó el coste total más de un 100%: "Se cambió la vegetación y los árboles porque estaban previstos árboles muy jóvenes y que no iban a dar sombra". Pero no recordó el precio de la reposición de los árboles hasta que uno de los abogados se lo dijo: 650.000 euros. "¿Y la razón de eso eran unos arbolitos? ¿tendría que haber otra razón?", interpeló el juez: "No, luego se hizo un cambio porque se detectó un problema en el saneamiento. Y hubo muchos problemas de depuración que no habíamos previsto", relató la edil, quien aseguró que el único responsable político de haber abierto el parque antes de que hubiera finalizado la obra había sido "el alcalde" Jesús Sepúlveda.

Por su parte, la portavoz del PSM-PSOE en Pozuelo, Eva Izquierdo, calificó de "gravísima" la situación al ser "la segunda vez que un alcalde del PP de Pozuelo es imputado por un caso de corrupción. Deben dimitir".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de noviembre de 2010