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El Gobierno ha desmentido al Partido Popular, en privado y en público, que se haya producido cualquier contacto con Batasuna y ha negado que haya intención de dar pasos para legalizar a la izquierda abertzale y permitir de esta forma su presencia en las elecciones municipales del 22 de mayo.
Un dato erróneo, del que ayer se hicieron eco tres periódicos vascos, sirvió para mantener la versión de que el pasado 19 de septiembre se reunieron en el hotel Melià de Bilbao Rufi Etxeberria y Jone Goirizelaia, dos de los portavoces de la izquierda abertzale, con los dirigentes del PSE-EE José Antonio Pastor, portavoz, y Alfonso Gil, secretario de Organización.
¿Mala comunicación en un Gobierno con un presidente y 15 portavoces? Sí, también puede ser. ¿Confusión y muchas voces sobre un tema complicado y delicado como el final de ETA en el que la orden es que solo hable el que sabe: Alfredo Pérez Rubalcaba? También ha pasado.
El proceso terminal de ETA y algunas de sus expresiones, como el anuncio para antes de fin de año de un posible comunicado de la banda con un compromiso de avanzar hacia su final, han empezado a crear problemas entre los partidos democráticos. Sobre todo en el PP, a consecuencia de la desconfianza de este partido hacia el Ejecutivo de Zapatero.
Lo denunciaron sus compañeros de talde, José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain. Ambos miembros del comando Oker junto a Idoia López Riaño, aseguraron en 1985 ante la Guardia Civil y al ex juez de la Audiencia Nacional Francisco José Castro Meije que Arturo Cubillas, les había ordenado matar al supuesto narco Ángel Manuel Facal.
Los populares valencianos han decidido sacar el paraguas y esperar a que pase el chaparrón de los escándalos de corrupción sin mover sus posiciones ni un milímetro. La portavoz del Gobierno autónomo, la consejera Paula Sánchez de León, recuperó ayer el discurso de la teoría de la conspiración utilizado en el caso Gürtel para justificar el inmovilismo del PP en el caso Brugal.
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