Las consecuencias del 'caso Brugal'
Los socialistas volvieron ayer a marcar distancias con los populares a la hora de encajar la implicación de sus cargos públicos en supuestos casos de corrupción. Roque Moreno, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, presentó su renuncia al acta de concejal al trascender su implicación en el sumario del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante.
Uno de los aspectos que resalta en las conversaciones grabadas por la policía durante la investigación del caso Brugal es la familiaridad existente entre varios cargos políticos del Gobierno valenciano, que lidera Francisco Camps, del PP, con el contratista y promotor alicantino Enrique Ortiz.
Isaías Carrasco, el ex edil socialista asesinado por ETA en mayo de 2008, firmó cuatro meses antes de su muerte los justificantes del peaje que atravesó en Mondragón (Guipúzcoa) el convoy de la Guardia Civil momentos antes de lograr la detención de los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado en la T-4 de Barajas.
Modificar un convenio colectivo mediante decreto ley podría afectar al derecho a la negociación colectiva y, por tanto, al derecho fundamental a la libertad sindical, algo que ese tipo de normas -redactadas por el Gobierno en casos de "extraordinaria y urgente necesidad" y con rango de ley- tienen expresamente prohibido por la Constitución.
El servicio de disciplina urbanística de Estepona (Málaga) dejó de cobrar 24,5 millones por sanciones entre 2003 y 2008. El cálculo, elaborado por los técnicos de la Junta de Andalucía, forma parte de un informe solicitado por el juez Jesús Torres, instructor del caso Astapa contra la corrupción en ese Ayuntamiento.
El Consejo General del Poder Judicial dio ayer luz verde, con los votos de la mayoría del sector conservador y de la vocal progresista Margarita Robles, a la contratación de un seguro que cuesta 450.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil en que incurran los jueces.
El PSOE no termina de digerir su propia decisión de aceptar como candidato a la alcaldía de Benidorm al actual regidor, Agustín Navarro, que llegó al cargo gracias a un tránsfuga del PP. Aunque este y todo su equipo abandonaron el PSOE, la agrupación socialista de la ciudad alicantina le ha vuelto a proponer y el comité federal del PSOE le avaló, sin debate, como al resto de los candidatos de toda España.
