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viernes, 22 de octubre de 2010

El ex alcalde del PP de Coslada será juzgado por favorecer a Ginés Jiménez

La trama de corrupción de agentes se cobra su primera víctima política

El caso Coslada, la desarticulada trama de corrupción de los agentes municipales presuntamente liderada por Ginés Jiménez, que estalló cuando gobernaba el municipio el PSOE, se ha cobrado, sin embargo, su primera víctima política en el PP: el anterior regidor, el popular Raúl López Vaquero. El PSOE lo denunció por prevaricación y malversación en junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo. El juez que instruyó este caso ha concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de la fiscalía para el ex alcalde popular es de cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. El juez, asimismo, le ha impuesto una fianza de 21.639 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias.

La querella contra el ex regidor popular deriva de la siguiente actuación: el Ayuntamiento de Coslada, bajo gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez, que ya ocupaba el puesto de jefe de la Policía Local, con una suspensión de empleo y sueldo de 10 meses por seis faltas graves. Tras un largo pleiteo de Jiménez, en julio de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el expediente, salvo una falta.

Su castigo quedó reducido a suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia, Ginés sí cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo entre 2001 y 2002, salvo 15 días, pero nunca se le embargaron dichas retribuciones del periodo sancionado.

El anterior alcalde socialista, Juan Granados, asegura que pidió a la justicia la ejecución de la sentencia. Pero cuando llegó la respuesta, el nuevo regidor, Raúl López, solicitó al letrado del Ayuntamiento, en junio de 2003, que desistiera de la ejecución de la sentencia en lo relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que, según alegó, "el Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su cumplimiento. Pero no fue así. Según la denuncia que originó esta bola de nieve que amenaza con prisión ahora a López, el ex regidor popular no realizó ninguna actuación tendente al cumplimiento del fallo. Además, en la práctica, el alcalde popular imposibilitó que su sucesor exigiera el cobro de los haberes del jefe de la Policía Municipal que debieron ser embargados. La denuncia señalaba que al dejar de transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis meses)" evitó que pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por otros posibles gobernantes. "Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo, el expediente afectaba al jefe de la policía local y por ello tenía una evidente notoriedad". Por ello, la denuncia socialista, firmada por todos los concejales del equipo que dirige el regidor Ángel Viveros, veía en tal inacción del ex alcalde popular una prevaricación al "desistir del procedimiento judicial para posteriormente no ejecutar ningún acto administrativo tendente al cumplimiento de la sanción impuesta, y todo ello de forma absolutamente arbitraria".

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